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Ser periodista es vivir un dilema permanente. Toda decisión editorial –sea tomada como reporteros, fotógrafos o editores– enfrenta conflictos. Resolverlos es nuestra tarea cotidiana y exige conocimientos, entrenamiento y experiencia para hacerlo sobre la marcha, sometidos a la naturaleza de las noticias. Esto importa mucho más cuando la relevancia de una cobertura implica circunstancias complejas, como la ocurrida el pasado miércoles 18 de enero en un colegio de Monterrey, Nuevo León, en el norte de México, por el ataque a tiros de un menor de edad contra su profesora y sus compañeros de clase, y su suicidio, grabado por una cámara de seguridad y filtrado a los medios. El tratamiento dado en la prensa mexicana ha sido ocasión para recordar nuestras responsabilidades.
El video e imágenes fijas del ataque se difundieron minutos después de ocurrir desde los portales de al menos dos de los principales periódicos de la Ciudad de México y decenas de diarios y revistas del resto del país, desde medios nativos digitales y desde las redes sociales. La brutalidad e irracionalidad del acto fue mostrada sin filtro. La imagen de los menores de edad involucrados fue expuesta sin reparo, así como la identidad del agresor, un adolescente de 15 años de edad. Las víctimas fueron revictimizadas, incluidas las familias afectadas. Más tarde comenzó una discusión pública sobre estas prácticas reprobables, desde medios nacionales e internacionales. Pero el daño ya estaba hecho.
Nos queda la introspección.
Toda discusión que abone a fortalecer los cimientos éticos de nuestra profesión es útil. La construcción deontológica es casuística, y cada situación que tensa principios y valores contribuye a la reflexión y el aprendizaje. Esta condición epistemológica del periodismo significa la mayor o menor eficacia del debate a los marcos de referencia de los que se disponga.
Lo sabemos. Es obligación ética de los periodistas respetar la dignidad de las personas, su derecho a la privacidad y a la propia imagen. No puede alegarse ignorancia de nuestro deber de salvaguardar la identidad de los menores de edad, sobre todo cuando la tragedia les involucra de forma directa o tangencial. Un debate sobre esta materia sólo tiene sentido desde la reiteración de valores: nada justifica la explotación comercial de una tragedia; es una práctica aviesa, condenada sin reserva por el periodismo profesional.
Cuando derecho y ética se mezclan
Los periodistas profesionales lo tenemos claro, y aun así a veces nos equivocamos. Ante el riesgo latente del exceso, recurrimos a todos los instrumentos deontológicos a nuestra disposición para tomar la mejor solución editorial posible. Con estas guías, con frecuencia lo haremos bien. Pero no siempre basta con eso. El problema es cuando una cobertura rebasa el ámbito de las decisiones éticas y nos exige revisar el marco jurídico aplicable a nuestra profesión y a los medios, una tarea para la que no siempre –y no todos– estamos preparados.
Con mayor o menor desarrollo, gran parte de los códigos deontológicos de la prensa (trátese de documentos supranacionales, nacionales, regionales, gremiales o de medios en particular) contemplan el deber de respetar los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen. Muchos apelan a la empatía y convierten en obligación la consideración con los sujetos vulnerables y tener compasión de las víctimas de crímenes o tragedias, sobre todo cuando la información se genera a través de imágenes, como establece el Código de Ética de la Asociación Nacional de Fotoperiodistas (NPPA, por sus siglas en inglés), por dar un ejemplo. Algunos llaman al “buen gusto” y alertan contra “la curiosidad escatológica, la estridencia innecesaria y la morbosidad”, como el Código de Ética del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Cuesta trabajo encontrar alguno que no incluya el tratamiento especial a los menores de edad.
Pero todos estos principios responden a derechos objetivos amparados por las leyes en casi todo el mundo. Ante la vorágine de la noticia, medios y periodistas lo pasamos por alto. Esto es un grave problema para la prensa, pues nos hace sujetos de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. No podemos darnos el lujo de ignorarlo.
La difusión indiscriminada del video, fotografías y datos personales de los menores de edad involucrados en el ataque en un colegio de la ciudad de Monterrey constituye una de las peores manifestaciones de irresponsabilidad de una parte de la prensa mexicana (otra cosa es la falta de moral de los particulares que filtraron la grabación y de quienes la reprodujeron desde el anonimato). Esta decisión editorial también cometió flagrantes violaciones al menos a dos leyes federales mexicanas: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Víctimas.
Para contener el fenómeno, la Secretaría de Gobernación pidió a los concesionarios de radio y televisión abstenerse de difundir esas imágenes y les advirtió que “dará seguimiento puntual al cumplimiento” de la ley. El llamado no incluyó a medios impresos ni a portales de noticias, una omisión injustificable, pues la ley es de aplicación general, no exclusiva para la industria de radiodifusión. El gobierno mexicano deberá informar sobre el resultado de tal seguimiento.
Mientras tanto, los periodistas tenemos la tarea de revisar nuestras prácticas profesionales y evaluar nuestro conocimiento del marco jurídico que regula a nuestra profesión y a la industria mediática. Este también es un deber ético.
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P.S. Agradezco a la FNPI la oportunidad de contribuir a un necesario ejercicio colectivo. Es un privilegio llegar a este espacio junto a ustedes para pensar en periodismo.
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* Gerardo Albarrán de Alba es periodista desde hace 38 años y tiene estudios completos de Doctorado en Derecho de la Información. Es Defensor de la Audiencia de Radio Educación. Ha sido el creador de la única Defensoría de la Audiencia de una radio comercial que ha existido en México y fue el primer Ombudsman MVS. Es miembro del consejo directivo de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de la Audiencia (OID) y lo fue del consejo directivo de la Organization of News Ombudsman (ONO). Integra la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA). Dirige SaladePrensa.org
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