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En los últimos años se han escrito ya una incontable cantidad de textos sobre los caminos que podrían tomar las empresas de medios para enfrentar, con alguna probabilidad de éxito, los desafíos que las nuevas tecnologías vienen imponiendo para su sostenibilidad financiera. Sin embargo, no hay forma de disociar esta reflexión de otra tan importante como lo es la preocupación por definir y validar los límites éticos que, frente a esta lucha diaria por la supervivencia, deben seguir guiando el quehacer periodístico.
Bajo esta perspectiva, las noticias que nos llegan gracias a la reciente radiografía del escenario brasileño no son para nada alentadoras. Estas noticias están enfocadas en los programas de radio y televisión que se especializan en dar cubrimiento a situaciones de violencia y criminalidad. Según el estudio, la mayoría de las emisoras que invierte en el formato no han demostrado ningún interés últimamente en equilibrar la búsqueda de mejores índices de audiencia con el respeto mínimo a los derechos humanos.
Un problema de tal dimensión debería preocupar no sólo a los grupos de comunicación directamente involucrados, sino también a todo el gremio periodístico, algo que lamentablemente no ha sucedido. Basta decir que los llamados “programas policiacos” no son un fenómeno mediático reciente en Brasil, aunque ciertamente este segmento ha adquirido nuevas dimensiones a lo largo de los últimos años.
La investigación, que viene desarrollando desde 2013 la ANDI – Comunicación y Derechos y un conjunto de aliados, propende identificar infracciones cometidas por los comunicadores contra la legislación nacional y varios documentos multilaterales (Constitución Federal, Código Civil, Código Penal, Código Brasileño de Telecomunicaciones, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de la Infancia, etc.)
Los resultados recabados hasta el momento son suficientes para consolidar el entendimiento de que la solución para el problema no depende de la eventual imposición de restricciones a la libertad de expresión de los comunicadores o de las emisoras. A decir verdad, según se evidencia en el estudio, las empresas responsables de estos programas tomaron la decisión de transformar la violación de las leyes vigentes en el país en un modelo de negocios, de hecho, es tal la cantidad y la gravedad de las situaciones registradas que no tiene sentido atribuirlas únicamente a equivocaciones cometidas por reporteros o presentadores.
La metodología construida por la ANDI y sus organizaciones aliadas identificó nueve tipo de violaciones que se observan regularmente en estos programas. Entre ellas:
- El irrespeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a guardar silencio (en el caso de personas sospechosas de haber cometido algún crimen);
- El discurso de odio y prejuicios (de raza, color, etnia, religión, condición socioeconómica, orientación sexual o procedencia nacional);
- La identificación (por audio y/o imagen) de adolescentes en conflicto con la ley;
- La incitación al crimen y a la violencia; y
- La práctica de tortura psicológica y de tratamientos inhumanos o degradantes.
Es importante tener muy claro que estamos hablando de decenas de emisoras – muchas que actúan a nivel local, y otras que forman parte de redes con alcance nacional – que divulgan cada día uno o hasta dos programas cuya lógica narrativa infringe frontalmente los marcos legales establecidos. Y cada uno de estos programas tiene, en promedio, de 2 a 3 horas de duración.
En la práctica, el contexto instalado actualmente en Brasil transforma a los comunicadores responsables de estos contenidos en seres por encima de la ley. Y seguramente no nos costará mucho deducir que los principales perjudicados por los repetidos abusos cometidos por los medios son los ciudadanos de los estratos menos privilegiados de la población, es decir, aquellos que sufren de por sí cada día los pesares de las desigualdades socioeconómicas que aquejan a la sociedad brasileña.
Formando opinión pública
Además del bombardeo diario de violaciones de derechos, los oyentes y telespectadores de estos programas también reciben en sus hogares un discurso que en nada contribuye con la construcción de una cultura de paz, algo que escasea en prácticamente todo el continente latinoamericano.
El diagnóstico realizado por la ANDI apunta, en primer lugar, hacia un constante irrespeto a los parámetros técnicos y éticos que orientan la práctica periodística. Las narrativas y la propia producción de los programas dependen de una relación muy cercana – prácticamente simbiótica – con las fuerzas policiales, en un proceso que busca dar carácter de espectáculo a las acciones relativas a la seguridad pública.
Los reporteros y presentadores critican frecuentemente a las instituciones democráticas, ya que ante los problemas de la población, casi siempre se presenta al Estado como incompetente o desinteresado. De eso a la apología de hacer justicia por sus propias manos hay un corto plazo, el enfoque que se le da también legítima y naturaliza la violencia policial, la cual termina interpretándose no como un problema, sino como una solución.
Entre otros matices dentro del mismo cuadro, podemos mencionar también las inmediatas repercusiones en la forma en como la sociedad reacciona a las condiciones de vida de los adolescentes y jóvenes más pobres. Por un lado, se aboga por leyes más estrictas, como esa que propone reducir la edad de judicialización penal en el país de 18 a 16 años. Por el otro, queda en evidencia una absoluta indiferencia frente a la escalada en el número de homicidios en esos rangos de edad.
¿Y como queda allí la autorregulación?
La tradicional reticencia de los grupos de comunicación brasileños a desarrollar e implementar mecanismos efectivos de autorregulación y de responsabilidad social corporativa en lo que se refiere a la producción y divulgación de sus contenidos se manifiesta de forma flagrante en el caso de los programas policiales.
No es casualidad que la investigación realizada por la ANDI haya registrado también el continuo irrespeto a los dispositivos de autorregulación y a otros parámetros orientadores del gremio periodístico, entre ellos los Principios Camden sobre la Libertad de Expresión y la Igualdad y el Código de Ética de los Periodistas Brasileños.
Cabe entonces preguntar: ¿qué imagen podrían obtener estas empresas si decidiesen poner en marcha las herramientas creadas para evaluar la evolución de sus políticas de sustentabilidad socio-ambiental? Basta acceder a algunos pocos indicadores del Suplemento para el Área de Medios, desarrollado por la Global Reporting Initiative (GRI), para que quede claro que el resultado sería absolutamente comprometedor.
En el área de Estrategia y Perfil, por ejemplo, el instrumento exige que los medios analicen los vectores que rigen sus prácticas frente a tres aspectos estratégicos. El primero tiene que ver con los potenciales impactos, riesgos y oportunidades relacionadas con la creación y divulgación del contenido. El segundo se concentra en la necesidad de evaluar constantemente la influencia de estos contenidos sobre la audiencia. Y el último va aún más al grano: ¿cómo la empresa analiza su propio papel y el de los medios de comunicación en general en la sociedad?
El dilema que se cierne sobre las emisoras adeptas a explotar la miseria humana y a la persistente violación de derechos como modelo de negocios proviene del hecho de que el proceso de madurez de las sociedades latinoamericanas puede tardar, pero acabará por concretarse. Llegado ese momento, si las empresas aún no han decidido organizar su producción de contenido en función de los principios autorregulatorios, terminarán necesariamente obligadas a enfrentar fuertes presiones de la regulación estatal.
Finalmente, no debemos olvidar que el exceso de abusos que se ven en los programas policiacos de Brasil y de otros países del continente resulta en realidad de un amplio conjunto de omisiones. Son muchos los sectores del Estado que dejan de cumplir sus responsabilidades y con ello no hacen sino ponernos en la condición de antípodas de democracias consolidadas como Francia y Reino Unido. Por encima de cualquier sospecha contra “el respeto a la libertad de expresión”, desde hace mucho tiempo ambos países cuentan con mecanismos capaces de inhibir la creación y divulgación de programas cuyos contenidos violen sistemáticamente los derechos establecidos, comenzando por las reglas que se incluyen en el propio contrato de concesión firmado entre el Estado y las emisoras y canales.
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Para conocer más (1)
FÁCIL ACCESO –
En Una nueva ruta empresarial hacia el periodismo de calidad – La autoevaluación como estrategia para asegurar la credibilidad de los productos informativos y una gestión sostenible, publicado por la FNPI en alianza con Sura y en el marco de la Red Ética Segura, encontrará una introducción objetiva y fácil de manejar a los principios más relevantes del Suplemento para el Área de Medios de Global Reporting Initiative.
Para conocer más (2)
El proyecto de monitoreo de las violaciones cometidas por los programas policiacos brasileños viene siendo sistematizado por la ANDI – Comunicación y Derechos. Hasta el momento se han editado dos publicaciones que detallan la metodología desarrollada. Puede descargarlas a través de este enlace.
La iniciativa se ha venido implementando con el apoyo de la Fundación Ford y con el patrocinio de Petrobras, además de la alianza con Artigo 19, el Colectivo Intervozes, la Red ANDI Brasil y la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC/MPF).
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