¿Es ético publicar conversaciones privadas de un grupo de Whatsapp de funcionarios públicos?
7 de Agosto de 2015

¿Es ético publicar conversaciones privadas de un grupo de Whatsapp de funcionarios públicos?

En abril gran escándalo político causó una publicación en el norte de Chile. El diario Boyaldia.cl difundía una información bajo el título “IquiqueLeaks: Whatsapp de la Intendencia “descuera” a gran parte del espectro político de Tarapacá”.
Fotografía: Senado Federal en Flickr / Usada bajo licencia Creative Commons.
Gustavo Villarrubia

En abril gran escándalo político causó una publicación en el norte de Chile, más precisamente,  en la ciudad de Iquique. El diario electrónico regional Boyaldia.cl  difundía una información bajo el título “IquiqueLeaks: Whatsapp de la Intendencia “descuera” a gran parte del espectro político de Tarapacá”.

En la publicación  se filtran mensajes de un grupo privado de Whatsapp nombrado “PS RECARGADO“. El grupo había sido creado un mes antes  de la publicación por el senador en ejercicio del partido socialista Fulvio Rossi y del mismo participaban 35 personas, en su  mayoría funcionarios públicos.

Directores de servicios, asesores a honorarios, periodistas y otras autoridades a nivel regional compartían mensajes, que según el medio, tenían la clara intención de afectar el ejercicio en las funciones del Gobernador de la región del norte del país, del Alcalde de la ciudad de Iquique, de un diputado comunista y un delegado presidencial entre otros.

Meses después de la publicación, la nota periodística sigue causando revuelo a nivel nacional y ha sido reproducida por muchos medios de comunicación, ya que el contenido de los mensajes hasta ahora revelados, da cuenta de una “conspiración política” digna de un guión de serie,  al mejor estilo “House of Cards”.

En los chats (más de 4 mil mensajes) se dan a conocer diálogos en algunos casos en un lenguaje duro contra autoridades regionales, sobre todo aquellas que de alguna u otra manera, a entender del grupo “PS RECARGADO”, hacían actividades sin contar con el Senador  Fulvio Rossi, creador del grupo.

Todo un trabajo de “inteligencia” realizado en gran parte, en horarios donde los funcionarios públicos cumplen sus funciones laborales, y en algunos casos, usando plataformas del Estado, como lo revela el medio radial en su página web Biobiochile.cl.

En la información radial se agrega que apenas fue conocida la primera publicación “el Consejo Regional de Taracapá aludido en los mensajes del grupo de Whatsapp -en una sesión extraordinaria- tomó la decisión de enviar una carta a la presidenta Bachelet presentando los antecedentes del caso, donde se exhiben las conversaciones de las autoridades regionales asociadas al Partido Socialista.”

Otro de los que reaccionó inmediatamente fue el diputado comunista  Hugo Gutierrez, quién indicó a esa misma radio que había presentado todos los antecedentes conocidos al Ministerio Público para que se investiguen los posibles delitos, donde hay utilización de recursos públicos de funcionarios de Gobierno.

Por su parte, algunos de los participantes del grupo privado de Whatsapp “PS RECARGADO” ante la difusión de sus mensajes, al día siguiente de la publicación presentaron un recurso de protección en contra del medio Boyaldia.cl, aduciendo “afectación al derecho a la privacidad, en base a la filtración de los mensajes, honra de la persona y su familia y de toda forma de comunicación privada. Requiriendo  que se restablezca el derecho y que además la nota no siga circulando”.

A un mes de presentado el recurso de protección, con el cual se buscaba censurar la publicación, la corte de apelaciones de Iquique rechazó por unanimidad el recurso, permitiendo de esta manera que la información siga transmitiéndose.

El recurso intentaba la “despublicación de la nota” y la restitución de los derechos vulnerados de privacidad de los integrantes del grupo de WhatsApp “PS RECARGADO“.  Para el abogado especialista en información, Pedro Anguita, quien representó al medio Boyaldia.cl, el rechazo de la Corte de Iquique a la demanda recibida “reviste de gran importancia en torno a la regulación de la difusión de información de los nuevos medios electrónicos, y al uso de las fuentes relacionadas a herramientas tecnológicas, como la aplicación del Whatsapp“.

Su principal argumento en la defensa fue el fundamento del ejercicio periodístico: el interés público. Esto lo plasmó en la siguiente pregunta en la Corte: “¿Qué privacidad o expectativas de privacidad podría existir en un grupo de 35 personas unidas por lazos políticos que mantienen un foro dedicado a asuntos públicos?”.

En palabras del abogado, este rechazo a la censura previa por parte de los demandantes es “una buena victoria para la causa de los que defienden la libertad de información y acción, y en general de la libertad de expresión”.

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