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Uno de los recuerdos que conservo de mi niñez es que, cada cierto tiempo, los canales de televisión se unían para transmitir en cadena y durante jornadas completas una sucesión de dramas humanos. En un país como el mío, acostumbrado a los desastres naturales, después de una inundación devastadora, de un terremoto o maremoto, el animador más popular de la TV –Don Francisco– lideraba la campaña “Chile ayuda a Chile”. Una versión de emergencia de la conocida Teletón para recolectar fondos para los afectados.
Era una forma de suplir la incapacidad del Estado para reaccionar ante las catástrofes. Horas en que lo urgente era llegar al corazón de los chilenos, para que se metieran una mano al bolsillo y donaran dinero o víveres que ayudaran a las víctimas a sobreponerse a la tragedia. Para ello era necesario mostrar crudamente el sufrimiento de la familia que había perdido su casa, del niño que había quedado huérfano. Con el tiempo, esa estética pasó sin transición directamente a los noticiarios, aunque ahora para ganar rating a costa del drama.
Desde hace varios años se repite la crítica a esa forma de hacer periodismo. Un cuestionamiento al reportero que despacha con el agua hasta la cintura durante una inundación o con las llamas de un incendio rozándole la espalda. Transmisiones que se alargan por horas, estirando al límite una programación sensacionalista que conmueve y parece hipnotizar a los televidentes. Y aunque las críticas habían recrudecido, no fue hasta hace un par de semanas que alguien dijo “basta”.
Lo hizo un recién llegado, el joven alcalde de Valparaíso Jorge Sharp (31 años, militante del Movimiento Autonomista, de izquierda). A sólo un mes de asumir la gestión de la única ciudad chilena Patrimonio de la Humanidad, debió enfrentar un enorme incendio que consumía los cerros donde vive la población más pobre. Casi de inmediato llegaron los reporteros y Sharp decidió prohibir el ingreso de la prensa a los albergues que acogieron a quienes perdieron sus viviendas. La medida desató aplausos y críticas.
El argumento del alcalde fue que se buscaba respetar la privacidad y el descanso de personas que vivían momentos dolorosos, y que aquellos que así lo quisieran podrían hablar con los periodistas, pero en otros lugares.
Por formación profesional, los periodistas tendemos a rechazar cualquier decisión de una autoridad que restrinja nuestro trabajo. Sentimos que allí se esconde un ataque directo a la libertad de prensa o de expresión. Curiosamente, en este caso no fuimos pocos los periodistas que consideramos que la medida era razonable, pese a que limitaba también el desempeño de quienes hacen su trabajo con responsabilidad.
“¿Qué sintió cuando vio que se le quemaba la casa?”, es una pregunta que se repite una y otra vez en este tipo de coberturas. Los entrevistados siempre son personas pobres en medio de una situación extrema, lo que los hace particularmente vulnerables al enfrentarse a una cámara. No debiera ser necesario que las autoridades pongan restricciones para que los periodistas seamos respetuosos con el dolor de esas personas, evitando exprimir sus dramas para hacer más atractivas sus historias.
Las catástrofes son coberturas difíciles para los medios y los periodistas tenemos que estar preparados para enfrentarlas de la manera más profesional posible. Es necesario informar a la ciudadanía de los detalles de lo ocurrido, muchas veces en directo, pero no basta con mostrar las tragedias personales. Son muchas las aristas que es necesario reportear para dar cuenta de qué ha pasado, por qué ha pasado y fiscalizar que la acción reparadora del Estado llegue a todos. Muchas de las respuestas importantes no están en los rostros desencajados de dolor y es deber de los periodistas salir a buscarlas.
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