Cuando el periodista participa en política, ¿pierde la credibilidad? Cuando se participa en el gobierno con servicios profesionales de Relaciones Públicas, ¿cómo evitar perder la credibilidad?

Respuesta: La credibilidad, tan valiosa y definitiva como prueba de la calidad profesional de un periodista, es al mismo tiempo un bien frágil que se debilita con cualquier apariencia negativa o dudosa. Es decir, no basta ser creíble, hay que parecerlo. El de la credibilidad es un juicio de valor que el público emite ante el trabajo y las actitudes del periodista que, por tanto, está sujeto a las reacciones de la gente, no siempre motivada por percepciones objetivas y justas. Esto explica el grave riesgo que corre la credibilidad del periodista cuando trabaja para entes oficiales, políticos o para empresas distintas de las periodísticas. En cualquiera de esos casos el periodista no podrá escapar a la percepción pública de que para él están primero los entes o personas que lo contratan y en segundo lugar sus lectores, y de que el fiscalizador � que eso es el periodista- se ha puesto del lado del fiscalizado. Esa misma percepción lo sigue cuando, terminado su contrato, regresa al medio independiente. Cuando esto sucede, ¿cómo restaurar la credibilidad perdida o disminuida? ¿Cómo mantenerla cuando se trabaja fuera de los medios y al servicio de empresas privadas? En ambos casos la confianza del público tiende a fortalecerse cuando el periodista:Actúa de modo claramente independiente respecto de las personas o instituciones que lo han contratado. Así como deteriora su credibilidad todo gesto de obsecuencia, la fortalecen las actuaciones periodísticas alejadas de lo propagandístico, equilibradas y de servicio al lector. En este sentido es funesto el trabajo de Relaciones Públicas que, además de ser incompatible con el periodismo, deja la percepción de una lealtad comprada por el usuario de sus servicios.Al periodista lo mantiene en su realidad y en la que percibe el lector, la convicción de que su único amo es el lector. Posición compatible con una oficina de prensa oficial si, lo mismo que cualquier funcionario o empleado honesto, pone su profesión y su cargo al servicio o de los ciudadanos, o de los clientes. Todo cargo oficial por definición está al servicio de la ciudadanía. Desde su cargo, el periodista lo recuerda a sus superiores al orientar la información desde el ciudadano hacia el funcionario, o desde el funcionario para responder y servir al ciudadano. En las empresas privadas la lógica guía para el periodista es la que resulta del hecho de que las empresas que prosperan a mediano y largo plazo son las que sirven a los clientes e inspiran fe en su gestión y en sus productos o servicios.

Documentación

Si los medios de comunicación quieren servir a la democracia t y responsabilizarse de ese servicio, deben combatir sin anularlos, los dos poderes que los tiranizan: el mercado y la técnica. Ambos son elementos de una modernización que no siempre significa progreso humano. El beneficio económico es un fin que tiraniza si se erige como el fin que excluye a todo lo que le hace sombra. Es una tiranía similar a la del poder por el poder como fin político. No cabe duda de que el poder es bueno. Solo quien lo tiene, podrá ejecutar su programa. El poder político es bueno como medio, pero no como fin en sí. Igual ocurre con el poder económico. Son medios, que se justifican si el fin último es encomiable� Sea pública o privada la titularidad de los medios, estos no pueden entenderse sino como servicio público. Porque la información y la comunicación son un servicio a la colectividad imprescindible para la supervivencia democrática y para el desarrollo de la cultura. El concepto de servicio público parece no tener ya otro sentido que el material: aquel cuya titularidad la tiene el estado. Pero es otra reducción. Si es cierto que la información es esencial para el ejercicio de la democracia, si la cultura es un bien básico y la cultura se distribuye, en gran medida a través de los medios de comunicación. éstos se adecúan a la definición de servicio público en la medida en que sean capaces de realizar este servicio. Victoria Camps. El Malestar de la Vida Pública. Grijalbo. Barcelona 1996. pp. 166, 167. 168.