Sentencia plantea dilema sobre la promoción de la vacunación

Sentencia plantea dilema sobre la promoción de la vacunación

Las vacunas no pueden ser obligatorias, según Corte Constitucional de Colombia.

Fotografía: stevepb en Pixabay | Usada bajo licencia Creative Commons

 

Una epidemia de miedo se ha vivido desde hace tres años en Carmen de Bolívar, un pequeño pueblo de la Costa Caribe colombiana, donde más de 250 niñas presentaron dolor generalizado, fatiga y alteraciones del sueño tras ser vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Resulta difícil establecer si lo ocurrido se debe a un caso de histeria colectiva, o realmente a los fuertes efectos secundarios de la vacuna. Pero esta semana la Corte Constitucional de Colombia sentó su veredicto respecto a la demanda de una joven de 15 años que hace cinco recibió las tres dosis de la vacuna a través de una iniciativa de su colegio. Un mes después de la última aplicación se empezó a enfermar. Le dolían las piernas y los brazos, especialmente en el costado derecho del cuerpo.

El tribunal supremo estableció que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) no puede ser considerada obligatoria en Colombia, ya que el Estado no puede tomar decisiones sobre el cuerpo de sus ciudadanos.

A pesar de esto, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos, con estudios independientes, siguen apoyando la seguridad y la eficacia de la vacuna, que según el Ministerio de Salud de Colombia tiene una eficacia “del 98,2 % para cáncer de cuello uterino.

¿Qué perspectiva puede adoptar el periodismo de salud?

Lo sucedido plantea un dilema, pues en este blog habíamos hablado ya sobre el importante papel que los medios de comunicación juegan en la promoción de la vacunación. ¿Debe mantenerse esta postura tras conocerse sentencias como la emitida esta semana por los jueces colombianos?

El movimiento antivacunación viene ganando adeptos con peligrosas consecuencias. Por ejemplo, mientras que América Latina se convirtió en la primera región del mundo en erradicar el sarampión el año pasado, la enfermedad ha repuntado en Europa por culpa de los padres convencidos por la información poco fiable que han encontrado en internet.

Ante esta coyuntura, consultamos al doctor Carlos Francisco Fernández, reconocido por ser desde hace décadas el responsable de temas de salud en la Casa Editorial El Tiempo, uno de los conglomerados de medios más grandes de Colombia. Además ha sido profesor de la Escuela de Periodismo de El Tiempo y de varios talleres realizados por la FNPI.

“La vacunas son un recurso considerado como una de los avances más valiosos en salud pública en todos los tiempos. Es claro que ellas han evitado millones de muertes y favorecido el aumento de la expectativa de vida en todo el mundo.De ahí que proporcionarlas a la población debe ser una obligación de todos los sistemas de salud en términos de equidad y como parte de políticas claras de salud pública”, considera el doctor Fernández, quien dictará del 27 al 29 de octubre un taller de la FNPI sobre la actualidad del sistema de salud colombiano (inscripciones abiertas).

Para el periodista y especialista médico, las vacunas se convierten en parte de derecho que debe ser deber garantizado sin distingos. En el caso de la vacuna contra el VPH, si la evidencia demuestra que es útil para prever ir una enfermedad mortal como el cáncer de cuello uterino, esta debe formar parte de este paquete de servicios que debe proporcionar el Estado. En este sentido, es una obligación de los gobiernos ponerlas a disposición de toda la población.

“Por supuesto, el que esto sea una obligación para el sistema de salud, de ninguna manera quiere decir que aplicarlas configura una obligación para la gente. Se trata de que después de informarse de manera rigurosa y tener claros los beneficios de estos biológicos, cada persona decida voluntariamente ponérselas”, concluye Fernández, añadiendo que “este consentimiento informado debe estar amparado por la seriedad y el rigor científico y no en la charlatanería, ni en intereses que desborden lo eminentemente sanitario”.

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