Ir a Fundación Gabo
La edición 2014 de la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa” revela el impacto negativo de los conflictos armados en la libertad de información y en sus actores. La posición de algunos países también se vio afectada porque estos han hecho una interpretación demasiado amplia y abusiva del concepto de “protección de la seguridad nacional”, a costa del derecho de informar y de ser informado. Esta tendencia constituye una amenaza creciente a escala global, peligrosa para la libertad de información hasta el corazón mismo del “Estado de Derecho”.
En el continente americano, además del descenso de trece lugares experimentado por Estados Unidos (46°, -13), Guatemala (125°, -29) también vivió una caída vertiginosa debido a la agravación de la inseguridad de los periodistas: se duplicó el número de agresiones respecto al año pasado y hubo cuatro asesinatos. Una tendencia similar se registró en Paraguay (105°, -13), donde los periodistas, de por sí obligados a la autocensura, no dejan de sufrir presiones. Además, un profesional de los medios de comunicación fue asesinado en 2013.
Colombia ocupa el número 126 en la clasificación de 180 países, con una calificación de 36.68, y un avance de +3 posiciones, respecto a su posición en el reporte del año anterior. El país latinoamericano peor calificado es Cuba, ocupando la casilla 170.
Sin embargo, los casos de violencia, censura directa y abusos en el uso de procesos legales tendieron a disminuir en Panamá (87°, +25), República Dominicana (68°, +13), Bolivia (94°, +16) y Ecuador (94°, +25). No obstante, en este país el grado de polarización no ha disminuido mucho y sigue perjudicando el debate público.
Panorama mundial
Finlandia conserva su lugar como el mejor de la clase, ocupa por cuarto año consecutivo el primer sitio de la clasificación. Al igual que en la última edición, le pisan los talones los Países Bajos y Noruega. En el extremo opuesto, al final de la clasificación, se encuentra el “trío infernal”, que de nuevo reúne a Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea, países donde la libertad de prensa simplemente no existe. A pesar de que en 2013 se vieron atravesados por algunas turbulencias, estos países siguen siendo hoyos negros de la información y verdaderos infiernos para los periodistas.
Este año la clasificación incluye a 180 países, la edición precedente estaba conformada por 179. Nuevo integrante: Belice, que se ubica de entrada en un lugar envidiable (29°). Los casos de violencia contra periodistas son raros en este país.
El periodismo de investigación sufre restricciones, en ocasiones graves, como sucede en Estados Unidos (46°), que pierde 13 posiciones. Uno de los retrocesos más notables, en medio de una situación en la que el rastreo de fuentes y la caza a informantes van en ascenso. La condena del soldado Bradley Manning o la persecución del analista de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), Edward Snowden, son algunas de las advertencias dirigidas a aquellos que se atrevan a filtrar información considerada delicada –pero de interés público comprobado– para que se le dé una divulgación más amplia.
Por otro parte y de manera más global, el crimen organizado sigue siendo una temible fuerza predadora. Es el caso de Honduras (129°, -1), Guatemala (125°, -29), Brasil (111°, -2) y Paraguay (105 °, -13), pero también de Paquistán, China, Kirguistán y los Balcanes.
El índice anual de la libertad de prensa, establecido por primera vez en la Clasificación de 2013, confirma que existe una degradación a escala mundial de la situación del derecho de informar y de ser informado. El índice pasa de 3 395 a 3 456 (+61), es decir, experimenta un aumento de 1,8%, lo que revela una ligera degradación global de la libertad de información entre la edición 2013 y la 2014 de la Clasificación Mundial.
Reporteros sin Fronteras pide en particular que la ONU designe un grupo de expertos encargados de evaluar que los Estados miembros cumplan sus obligaciones, en particular la de proteger a los periodistas, investigar todos los actos de violencia y que los responsables de estos rindan cuentas ante la justicia.