Para Rafael Moreno el mensaje era claro: matar a un periodista no matará la historia. En el último Festival Gabo, Andrea Rincón y María Teresa Ronderos analizaron la figura y trabajo del periodista asesinado
A Rafael Moreno Garavito, el periodista investigativo asesinado en octubre de 2022, le había tocado vivir en una región turbulenta al noroccidente de Colombia, en la que se han mezclado grupos armados ilegales, narcotráfico y minería de gran y pequeña escala. Se pasó la vida documentando el mal uso de recursos públicos y denunciando abusos. Una alianza periodística internacional continuó su trabajo con el ánimo de frustrar el intento de silenciarlo.
Así comienza el especial reportaje ‘El proyecto Rafael’ publicado en Cuestión Pública y que fue el tema central de la clase magistral ‘Proyecto Rafael: tras los pasos de un periodista asesinado’, celebrada en el Festival Gabo 2023, en el que la editora Andrea Rincón y María Teresa Ronderos, directora del Centro Latino Americano de Investigación Periodística (CLIP), un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo, explicaron cómo fue la unión entre distintos medios para trabajar en conjunto y reconstruir la investigación de un periodista asesinado. Porque para Rafael Moreno el mensaje era claro: matar a un periodista no matará la historia.
En 2022 Rafael Moreno iba a presentar su trabajo en el Festival Gabo, pero lo asesinaron días antes del evento. Después de esto un grupo de más de 30 medios, liderado por Forbidden Stories, se unió para investigar la muerte de Rafael y amplificar su trabajo. Es así como nace el Proyecto Rafael en el cual se examinan cientos de documentos y correos electrónicos que Rafael aún no había hecho públicos para descubrir un sistema de clientelismo y corrupción revelado en memoria del asesinado periodista.
En 2022 Rafael Moreno iba a presentar su trabajo en el @FestivalGabo, pero lo asesinaron días antes del evento. Después de esto un grupo de 32 medios, liderado por Forbidden, se unió para investigar la muerte de Rafael y amplificar su trabajo. Así nació el Proyecto Rafael. pic.twitter.com/jezJDsr74i
— Red Ética Periodística - Fundación Gabo (@etica) July 1, 2023
Rafael estaba investigando, de manera individual, a varios ex alcaldes de distintos municipios en Córdoba, y enfrentándose a los grandes clanes políticos y a la minería en su territorio.
El Proyecto Rafael arranca con los casi 100 contratos públicos que realizaron las alcaldías de Espedito Duque y Eder Soto en Puerto Libertador que quedaron en manos de aliados y amigos. Antes de ser asesinado, Rafael Moreno los denunció
Continúa con Gabriel Calle Demoya, exalcalde de Montelíbano, que con la empresa de acueducto de Jaguazul estableció un carrusel de convenios que se extendió a 3 municipios. Rafael Moreno también lo denunció.
Continúa con que una cuarta parte del presupuesto para obras en 6 municipios del sur de Córdoba, la zona de Rafael Moreno, quedó en manos de 18 contratistas. De ellos, 11 tenían relación con denuncias o investigaciones en curso.
Antes de morir, Rafael Moreno investigaba los títulos mineros en su región: el sur de Córdoba vive una 'fiebre del cobre'. El Proyecto Rafael encontró que éstos se traslapan con territorios reclamados por grupos indígenas y víctimas del conflicto.
María Teresa Ronderos cuenta cómo Forbidden Stories es un proyecto para dar voz a periodistas que sientan que puedan estar amenazados, para resguardarles y evitar que al periodista le ocurra algo.
“Rafael venía trabajando en varias líneas de investigación él solo, y se necesitaba un equipo grande para abordarlas; ahí es cuando llega Forbidden Stories y nos convoca a Cuestión Pública y a CLIP, y convoca a varios medios internacionales para amplificar el trabajo de Rafael”, destaca Andrea Rincón. “Rafael lo hacía todo solo. Y le empiezan a llegar las amenazas para que no siguiera investigando más. Investiga a varios ex alcaldes, a clanes, a la minería en su territorio, los recursos públicos de la contratación de Córdoba… Se llega a sentir decepcionado con la política”.
Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2022, 290 mil personas de Córdoba fueron expulsadas de sus territorios. Es el contexto en el que trabajaba Rafael, investigando, en palabras de Ronderos, la corrupción en Puerto Libertador o las mineras de Montelíbano.
“Queríamos continuar el trabajo de Rafael de manera colaborativa con medios como El Espectador y uniéndose también medios de alcance global como The Guardian, y Le Monde… para amplificar su trabajo. Fue muy importante el sentir general de que cuando matan a un periodista matan a la democracia”, señalaba Rincón.
“Es importante dar este tipo de respuesta, de que si querían callar a un periodista no solo no lo consiguieron sino que además más de 30 medios sacaron toda su información de manera pública y a nivel internacional. Esa fue nuestra teoría para proteger a los periodistas”, continuó Ronderos.
Para ello la tarea fue la siguiente, en descripción de María Teresa Ronderos. “Nos pusimos a investigar los contratos de distintos municipios de Colombia. Investigamos a mucha gente, gente que tenía mucho miedo. Pedimos mucha información a las autoridades, desde distintos canales. Queríamos encontrar quiénes eran los dueños de la gran minera que empezaba a asomar en la zona”.
La periodista destaca cómo también se hicieron protocolos de seguridad para los periodistas, y la importancia que terminó adquiriendo la confianza entre los equipos, “ya que éramos equipos muy distintos, acostumbrados a hacer cosas distintas. Los periodistas estamos acostumbrados a competir. Pero nos dimos cuenta que ganábamos todos si colaboramos”.
Andrea Rincón también profundizó en cómo las alcaldías retrasaban la entrega de los datos solicitados y cómo los periodistas siguieron la pista iniciada por Rafael, sobre la cual amigos de las alcaldes creaban fundaciones que recibían millonarios contratos. “Esa era la sospecha de Rafael, de ahí la dificultad de conectar estas empresas con las alcaldías”.
La investigación llega a concluir cuáles son los 20 principales contratistas de los seis municipios que cubrían las alcaldías de estos personajes investigados. Estos 20 contratistas se habían quedado con el 25 por ciento de toda la contratación pública de los seis municipios, entre ellos, bancos que les daban créditos a los municipios.
Otra cuestión importante fue cómo el 70 u 80 por ciento era contratación directa, no era a través de concurso. “Se crearon asociaciones de municipios, que era la manera de sortear la posibilidad de la contratación directa, haciendo los contratos por convenios. Y la otra vía era a través de fundaciones sin ánimo de lucro”, destacaban las periodistas. 11 de esos contratistas también tenían sanciones por obras mal hechas a través de los órganos de control.
“No nos queríamos quedar solo con los números. Queríamos contar donde estaba la plata de los ciudadanos. queríamos ir hasta el final. Y ver cómo se conectaban estas empresas con la actividad política. Porque generalmente el comienzo es financiar las campañas políticas para luego recibir a cambio estos grandes contactos. Y queríamos llegar a conocer todo ese entramado”, denunciaba Rincón.
Ronderos señaló otro de los importantes trabajos realizados: toda la base de datos del catastro minero, a través de la indagación de a quién le entregaron títulos mineros, descubriendo gran cantidad de títulos sobre tierras de comunidades étnicas, y muchos títulos también sobre tierras cedidas en restitución por las víctimas del conflicto. “Es decir, gente a la que les quitan la tierra y la entregan como título minero”.
Una falla del proyecto, según Ronderos, es que se concentraron mucho en la investigación y no se pensó en una mejor estrategia de difusión que involucrara a medios locales, páginas de redes sociales y radios locales, etc. “pero es algo que queremos resolver pronto”.
Para terminar las investigaciones de Rafael, los periodistas que se sumaron al proyecto hicieron, entre otras cosas, geolocalización, consulta de expedientes judiciales y documentos confidenciales, reportería en campo, registros de vigilancia financiera, etc.
“La importancia de todo esto es que cuando matan a un periodista sus investigaciones se quedan ahí. Pero con todo el material de Rafael conseguimos trabajarlo de manera colaborativa y que se hiciera público. Esto sienta un precedente muy importante”, concluía Andrea.
11º Festival Gabo
El Festival Gabo, en su 11º edición, es posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos SURA y Bancolombia, con sus filiales en América Latina, y a la alianza de la Fundación Gabo con la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas-BibloRed.