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El pasado 18 de octubre analizamos en una charla web, como parte de nuestro programa de ética periodística, la controversial trama entre Elon Musk y el Tribunal Supremo de Brasil, que derivó en el bloqueo por 39 días de X (antes Twitter) en ese país, su sexto mercado más grande en todo el mundo.
Un panel conformado por los periodistas Natalia Viana, Bernardo Gutiérrez, Jon Lee Anderson y Daniel Matamala, con la moderación de Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, puso bajo la lupa este nuevo desarrollo en la relación entre las grandes tecnológicas y los poderes estatales, y sus repercusiones a largo plazo.
Elon Musk, quien adquirió Twitter en 2022, ha protagonizado en los últimos meses una disputa con la justicia brasileña después de que su plataforma fuera sancionada por negarse a bloquear cuentas acusadas de difundir desinformación y por no cumplir con las normativas del país.
Un personaje central en este conflicto es Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, quien ha liderado investigaciones sobre desinformación y delitos de odio, las cuales cobraron mayor relevancia tras el intento de golpe de Estado en Brasilia en enero de 2023, inspirado en gran medida por narrativas de extrema derecha similares a las que circularon en Estados Unidos durante el asalto al Capitolio en 2021. Estos eventos, impulsados por cuentas en redes sociales, fueron clave para el crecimiento de movimientos políticos ultraconservadores y la difusión de noticias falsas que han socavado la democracia en ambos países.
El juez de Moraes ordenó el bloqueo de la red social en Brasil a finales de agosto de 2024, hasta que Musk accediera a pagar una multa de casi 5 millones de euros y restableciera un representante legal en el país, un requisito que había ignorado en protesta por las decisiones judiciales.
En múltiples ocasiones, Musk ha defendido su visión de una plataforma de libertad de expresión sin restricciones y no dudó en lanzar una feroz campaña internacional contra el juez de Moraes, acusándolo de censura e interferencia en las elecciones brasileñas. Es un hecho que contrasta con las acciones de Musk en otros contextos: en India, por ejemplo, X bloqueó la distribución de un documental crítico del primer ministro Modi, y en la Turquía de Erdogan impuso restricciones en la víspera de unas elecciones nacionales para mantener el acceso a la plataforma en el país.
Lo anterior, sumado al caso de Brasil, así como un forcejeo reciente con el gobierno laborista de Australia por rehusarse a eliminar un video de un ataque a un líder religioso, muestra la inconsistencia con la que X maneja las solicitudes gubernamentales, según la afinidad política de su propietario. Afinidad que ahora más clara que nunca, reflejada en su apoyo incondicional a la campaña presidencial de Trump en Estados Unidos. Musk ha acompañado al expresidente en mítines, ha destinado decenas de millones de dólares a su campaña y ha transformado su cuenta de X, con 200 millones de seguidores, en una plataforma para promover la candidatura de Trump y amplificar ataques desinformativos contra sus rivales demócratas.
No obstante, Musk se vio obligado a admitir derrota ante la presión del gobierno brasileño, lo que representa un momento clave en la relación entre los gigantes tecnológicos y los gobiernos nacionales. La decisión de bloquear la red social en un país tan grande y estratégico como Brasil no solo estaba afectando considerablemente las operaciones de X, sino que también estaba impulsando una migración masiva de usuarios hacia plataformas competidoras como Bluesky, fundada por Jack Dorsey, antiguo CEO de Twitter, y Threads, de Meta.
Uno de los puntos importantes que se discutió en esta charla web es cómo la decisión de Musk de cumplir con las exigencias del juez de Moraes no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que involucra a otros gigantes tecnológicos. De hecho, en la misma semana en que Musk cedió ante Brasil, Pavel Durov, fundador de Telegram, ante la presión del gobierno francés, anunció cambios en la política de privacidad de su plataforma para colaborar con las autoridades, un paso que, según Durov, no representa una rendición, aunque muchos lo interpretan de ese modo.
Los casos de X y Telegram muestran un cambio en la relación entre las plataformas tecnológicas y los gobiernos nacionales, y nos obligan a plantearnos preguntas urgentes sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y el papel del Estado en la regulación de estas. ¿Hasta qué punto deben las grandes tecnológicas someterse a las leyes locales, y cuándo comienza el riesgo de censura? ¿Cómo equilibrar la libertad de expresión con la lucha contra la desinformación?
Durante la charla los panelistas reflexionaron sobre los peligros que la concentración de poder en manos de figuras como Elon Musk representa para la democracia y el acceso a la información. La conversación abordó también los desafíos que enfrentan los periodistas y los ciudadanos en contextos donde la desinformación y la manipulación algorítmica se combinan con intereses económicos y políticos.
Mónica González arrancó la conversación dejando claro que en casos como estos el periodismo tiene la misión de ser un respiro para la ciudadanía y un escupo que los proteja de la industria de la desinformación y el temor que quiere inyectar en la sociedad, "nunca habíamos enfrentado una amenaza tan directa y el conflicto entre uno de los hombres más ricos del mundo y el gobierno de Brasil pone un punto de partida para lo que viene", declaró la corresponsable de nuestro Consultorio ético.
Bernardo Gutiérrez también destacó que lo que ocurrió en Brasil con la intervención de Musk en Twitter (ahora X) no es un caso aislado, sino un fenómeno global, pues el conflicto de Brasil con Musk extrapola algo más profundo: la influencia de las Big Tech en la política y el acceso a la información. Gutiérrez también explicó cómo Musk eligió Brasil como un campo de batalla debido a su retorno a un gobierno democrático y el impacto que tiene en la legislación de internet. Además, mencionó que las actuaciones del dueño de X son parte de un conflicto más amplio entre oligarquías tecnológicas y las instituciones democráticas.
Anderson se centró en el poder económico y político de Elon Musk, comparándolo con una especie de país en sí mismo. “Musk no solo tiene una fortuna inmensa, sino que también controla infraestructura estratégica como los satélites de Starlink”, advirtió Lee, quien señaló preocupación por la forma en que el empresario sudafricano utiliza su influencia, especialmente en el contexto brasileño, donde ha desafiado abiertamente a las autoridades judiciales y ha alimentado narrativas a favor de la extrema derecha. Según Lee, esta alianza entre Musk y figuras políticas como Trump y Bolsonaro es parte de un eje autoritario en expansión.
Por su parte, Natalia Viana, periodista brasileña, subrayó el peligro de lo que llamó una tecnooligarquía, destacando cómo “Musk transformó Twitter en una plataforma personal de propaganda” y ahora sus decisiones en la moderación de contenidos son copiadas por otras plataformas, afectando globalmente los estándares de libertad de expresión. Viana también denunció que en Brasil, Musk fue clave en campañas de desinformación que favorecieron al bolsonarismo, señalando la relación entre sus intereses económicos y su influencia política.
Desde Chile, Daniel Matamala hizo una reflexión sobre cómo las redes sociales y figuras como Musk afectan las democracias a nivel global y declaró que “estamos ante una nueva versión de los ‘magnates bananeros’, pero esta vez controlan los datos y el debate público”. Matamala describió cómo el control de las plataformas digitales por parte de multimillonarios distorsiona el discurso público y subvierte las instituciones democráticas, limitando la competencia y la diversidad de voces.
La charla concluyó con una visión preocupante pero clara: las democracias están siendo desafiadas por fuerzas transnacionales, y los periodistas tienen un papel fundamental en denunciar estos abusos. Como señaló González, la labor periodística es crucial para exponer los intereses ocultos detrás de estas plataformas y evitar que el acceso a la información se convierta en un privilegio controlado por unos pocos.
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Sobre los participantes
Natalia Viana (Brasil). Es Cofundadora y codirectora de Agência Pública de Periodismo Investigativo, la primera organización sin ánimo de lucro de su tipo en Brasil, fundada y dirigida por mujeres. Es autora y coautora de cuatro libros sobre violaciones de derechos humanos; fue idealizadora y coordinadora de las series de pódcast Cientistas na Linha de Frente, y ha sido galardonada múltiples veces por su trabajo periodístico, entre ellos, con el Premio Vladimir Herzog de Derechos Humanos (2005 y 2016), el Prêmio Comunique-se (2016 y 2017), el Prêmio Trofeu Mulher Imprensa (2011 y 2013) y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de texto (2016).
Bernardo Gutiérrez (Brasil). Periodista, escritor e investigador hispano-brasileño. Cubre América Latina desde el año 1999, como corresponsal en Brasil la mayoría de ese tiempo. Trabaja como corresponsal en Brasil para medios internacionales. Sus textos han aparecido en El País, Esquire, La Repubblica, Der Tager Spiegel, Eldiario.es, La Vanguardia, El Periódico, Al Jazeera o National Geographic, entre otros. Máster en Bellas Artes, es autor de cuatro libros, entre ellos Calle Amazonas (Altaïr, 2010). Fue uno de los organizadores del volumen Regiones Imaginarias (2022), en el que firma el capítulo Cartas desde Macondo. Participó como jurado del Premio Gabo de Periodismo de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoaméricano (FNPI, 2013 y 2014).
Daniel Matamala (Chile). Periodista, actualmente trabaja en CNN Chile y CHV Noticias, en la conducción de 360°: el modelo en debate, Tolerancia Cero y CHV Noticias Central. Es autor de varios libros de no-ficción sobre el poder político y económico en Chile; fue becario del Stigler Center’s Journalists in Residence Program y ha ganado el Premio APES al mejor entrevistador (2011), Premio Periodismo de Excelencia por la Universidad Alberto Hurtado (2011) y el Premio MAG por la mejor entrevista del año (2012).
Jon Lee Anderson (Estados Unidos). El periodista estadounidense forma parte de la plantilla permanente de la revista The New Yorker, y ha sido maestro de la Fundación Gabo desde el año 2000 y además miembro del Consejo Rector del Premio Gabo. Se inició como periodista en Perú en 1979 como miembro del semanario The Lima Times y se especializó desde entonces en temas políticos latinoamericanos y en varios conflictos modernos, incluyendo los de Siria, Afganistán, Libia e Iraq. Ha desarrollado una escuela sobre la forma de escribir perfiles, habiendo realizado los de importantes personalidades mundiales como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, el rey Juan Carlos I de España y Hugo Chávez.
Sobre la moderadora
Mónica González (Chile). Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Fundó en 2007 y dirigió hasta mayo de 2019 el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile. También fundó y dirigió la revista Siete+7 y el Diario Siete. Fue subdirectora y editora de investigación del diario La Nación, subdirectora de la revista Cosas y reportera de investigación en las revistas Cauce y Análisis. Fue corresponsal en Chile para el diario argentino Clarín (desde 1995 hasta 2010). Es autora del libro La conjura. Los mil y un días del golpe (2000) y coautora de los libros Bomba en una calle de Palermo (1986), Los secretos del Comando Conjunto (1989), Chile entre el Sí y el No (1988), Los secretos del imperio Karadima (2011) y La gran estafa. Cómo opera el lucro en la educación superior (2014). Desde 2020 es corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo. Ha recibido el premio The Louis M. Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism, de la Universidad de Harvard (1988), el Premio Anual de la Comisión de Derechos Humanos de España (1985), el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia (2001), el premio Dan David de la Universidad de Tel Aviv (2006), el Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI en la categoría Homenaje (2006) y el premio Periodismo de Excelencia al mejor reportaje de 2008, que entrega la Universidad Alberto Hurtado de Chile (con Cristóbal Peña y Francisca Skoknic). En 2010, recibió el Premio Mundial Unesco - Guillermo Cano de la Libertad de Prensa y, en 2019, el Premio Nacional de Periodismo de Chile.