“Hay que acabar ese asunto de que la [fuente de] salud, en las salas de redacción, es [para] el que esté”, aseguró Carlos Francisco Fernández, maestro de la Fundación Gabo y editor de salud de El Tiempo, durante el taller ‘Periodismo de salud en tiempos de reforma’. Este espacio, convocado por la Fundación Gabo en alianza con Coosalud, se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de febrero de 2023, poco antes de que el gobierno colombiano radicara en el Congreso de la República el proyecto de reforma a la salud, en medio de un ambiente de incertidumbre y tensiones entre distintos actores.
Esa duda nacional y las especulaciones exacerbadas por la infodemia en ese momento específico llevó un par de años atrás a algunos de los 18 periodistas colombianos asistentes al taller, quienes relacionaron ese momento en el país con el ambiente que se vivió en los primeros meses de la pandemia por COVID-19 –dominados por la incertidumbre, la desinformación y el temor–, y el peso que recayó en los hombros de los periodistas y medios de comunicación ante la función social de este oficio en estas situaciones.
Para los asistentes al taller, lo ocurrido a partir de 2020, pese a la tragedia, fue el escenario para “la reivindicación del periodismo de salud” y para Carlos Francisco Fernández, la reforma a la salud y su cobertura es una coyuntura más para ratificar el valor de esta área de la información y para que el cubrimiento de estos temas tenga un equipo permanente –un doliente– dentro del medio. “Esto se logra con la presencia, con el contexto desde el punto de vista técnico y con la defensa de nuestros conceptos y de la información con base en el rigor y, por supuesto, con base en la evidencia y el conocimiento”, afirmó el maestro.
Pero la realidad, teniendo en cuenta lo discutido durante el taller llevado a cabo en Cartagena, Colombia, es que quienes cubren los temas de salud no siempre lo hacen de manera permanente dentro de la sala de redacción, sino que aterrizan en la fuente, según la necesidad.
En el taller se expuso una línea de tiempo con los diferentes modelos de salud implementados en Colombia, para que los periodistas pudieran conocer y facilitar la comprensión del pasado del sistema sanitario con miras a lo que estaría por llegar. “Una de las fallas en estos 30 años es que no hemos sabido comunicar de qué se trata toda esta historia”, comentó Augusto Galán Sarmiento, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud y experto invitado al taller, para reafirmar la importancia de relatar a los periodistas participantes los cambios en el sistema a lo largo del tiempo, especialmente porque muchos de estos comunicadores están apenas abriéndose camino en el oficio.
Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud; Julio César Castellanos Ramírez, director general del Hospital Universitario San Ignacio; Ulahy Beltrán López, superintendente Nacional de Salud, y Félix León Martínez Martín, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), también participaron como expertos en este recorrido por la historia del sistema de salud colombiano, desde las distintas esferas del sector, y aportaron conocimientos a los periodistas sobre el manejo del sistema desde las entidades que representan.
Olga Lucía Lozano, maestra de la Fundación Gabo, cofundadora y ex editora creativa de La Silla Vacía, igualmente se vinculó al taller para conversar con los periodistas sobre nuevas narrativas en coberturas de salud desde lo digital.
“¿De dónde venimos y para dónde vamos?”: El recorrido de la salud en Colombia
“La salud es el único componente dentro del contexto social en el que alguien reclama y alguien le responde (...) porque es legal, pero a esa legalidad no llegamos de manera espontánea”, indicó Carlos Francisco Fernández durante el taller.
La historia comienza hace más de un siglo.
“En 1886 se establece el primer componente en el plano formal en el cual se habla sobre la salud dentro de un marco de responsabilidad estatal, cuando se estructura un modelo higienista para el país”, señaló el editor de salud de El Tiempo, quien orientó este espacio de la Fundación Gabo y Coosalud.
Es en este momento, con la Constitución de 1886, cuando comienza este recorrido por la historia de los sistemas de salud implementados en Colombia, al estructurar un modelo higienista de salud para el país “condicionado a acciones sanitarias públicas y de salud colectiva”, especificó el maestro.
“Se puede remontar al siglo XIX en Inglaterra. Ahí empezaron las transformaciones. El gran cambio de la expectativa de vida y del incremento en la expectativa de vida de la población se generó por la higiene, por el saneamiento ambiental. Ese mismo esfuerzo arrancó en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX”, resaltó Augusto Galán Sarmiento, exministro de salud de Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper.
Fernández complementó la información asegurando que el modelo higienista “estaba condicionado esencialmente a acciones sanitarias públicas, a los elementos del ambiente que potencialmente afectaban la salud colectiva”. Es decir, que la salud y todo lo relacionado a la prevención era para “quien la pudiera pagar”, pero el resto de la población quedaba en manos “de la caridad”, que venía desde el siglo XVI con las misiones religiosas.
Con la Segunda Guerra Mundial
El maestro de la Fundación Gabo explicó que el modelo higienista se mantuvo hasta la década del 50, tras la Segunda Guerra Mundial. “En el proceso posterior a la guerra, cuando viene la necesidad de reconstruir Europa, llega el modelo –desde el plano formal en el mundo–, del mariscal Bismarck, quien crea el concepto de seguridad social con el modelo ‘bismarckiano’”, aseguró Carlos Francisco. En este sistema, inicialmente instituido en 1883, los ciudadanos pagan una tarifa a un fondo que financia las actividades de atención médica. En 1946 este modelo evolucionó para contar con apoyos del Estado para quienes no pudieran costear la tarifa.
El reflejo de lo ejecutado en Alemania con este modelo llegó a Colombia al entenderse que la salud debía ser una responsabilidad de todos: una parte del Estado, otra parte de quien respondiera por otro (empleador) y de cada quien (individuos). Un modelo tripartita con el que la figura de la seguridad social se estructuró en Colombia, en 1946, al dar inicio al Instituto Colombiano de Seguro Social.
“Era el amparo desde el ‘plano integral’ para los trabajadores, en ese caso. El trabajador formal tenía derecho a una seguridad social bajo el modelo de aportes del Estado, de aportes del empleador y aportes del trabajador”, dijo el tallerista.
Pero este sistema solo acogía a quienes estuvieran empleados formalmente con un empleador privado, es decir, un segmento mínimo de la población. Esto quiere decir que “el Seguro Social solo amparaba a los trabajadores privados. Pero como también había una formalidad del lado de los trabajadores públicos, se crean las figuras de las cajas de previsión”, afirmó Fernández.
Esta modalidad entró al sistema para amparar bajo el mismo modelo a los trabajadores oficiales o públicos, llegando al punto de que en casi cada municipio había una caja de previsión.
Al respecto, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, aportó que las cajas de previsión (regionales y nacionales) tenían un plan de beneficios que dependía de los recursos que tuviera cada entidad, así como la cotización, la cual no era igual para todos los ciudadanos. Además, bajo esta modalidad estaba amparado el trabajador y no había cobertura familiar completa.
En esta etapa del seguro social, la cobertura del sistema –más allá del trabajador– solo llegaba para la esposa, en caso de estar embarazada, y para el hijo o hija hasta el año de edad. Además, anotó Fernández, se garantizaban un tipo de “primas económicas”: incapacidades y licencia de maternidad.
“Había otra cosa que generaba mayor inequidad: muchas personas podían pertenecer a varias de esas cajas mientras que había un grueso de la población que no tenía acceso a ninguna y desde que nació la seguridad social en Colombia, hasta 1992, la cobertura de la seguridad social en 45 años llegó apenas al 23%”, afirmó Galán Sarmiento. Dicho sistema “era algo inequitativo, insolidario e ineficiente”, agregó el director de Así Vamos en Salud.
Teniendo en cuenta esta parte de la historia, ¿qué pasaba con la familia del trabajador que estaba desamparada? Ese vacío en el sistema, explicó Fernández, es lo que llevó al surgimiento de unos “componentes de compensación familiar”, es decir, la figura de las Cajas de Compensación Familiar “que, paralelas al sistema de amparo de la seguridad social que era para el trabajador, garantizaba cierto tipo de elementos de bienestar y de protección a la familia”, tanto a nivel nacional, regional como local.
Por otro lado, la figura de las “beneficencias” amparaban en este momento de la historia a “esa clase que no tenía trabajo y no podía pertenecer al Seguro Social, que no podía pertenecer a una Caja de Previsión, pero que tampoco tenía la compensación de las cajas, entonces estaba por fuera y tenían que llegar a las beneficencias. Ahí es donde empieza el régimen subsidiado”, señaló el maestro de la Fundación Gabo. Esta atención se daba en hospitales bajo el mando de organizaciones religiosas. Una situación que no solo se estaba dando en Colombia sino en general en América.
Para organizar la atención
Carlos Francisco Fernández explicó que las beneficencias comenzaron a tener inconvenientes en la posibilidad de la atención a la población que no tenía ningún tipo de amparo. Es así como se conformó una figura híbrida para lograr esa atención, que les permitió a los hospitales de los religiosos recibir recursos económicos del Estado para cumplir con su función a nivel local, regional o nacional, dependiendo de las características de los hospitales.
A mediados de la década del 70, buscando una forma de “ponerle un ‘tatequieto’” a este híbrido, se creó el Sistema Nacional de Salud “bajo una concepción específicamente sectorial”, indicó Fernández; “es decir, es un decreto mas no es una ley”.
El Sistema era “absolutamente centralizado”, dijo Fernández. “Todo era en el Ministerio de Salud y tenía unos focos regionales” en la figura de las secretarías de salud en cada departamento. Este Sistema estaba marcado por un subsidio a la oferta (ver “Conceptos del sistema” más adelante).
“Se focalizó exclusivamente en el sector público del sistema de la salud. Era una ley orientada exclusivamente a centros, puestos de salud, hospitales públicos y secretarías de salud y demás dependencias del sector público. No tenía nada que ver con la seguridad social y mucho menos con las aseguradoras privadas”, aclaró Galán Sarmiento.
Para aportar a esta historia de los sistemas de salud colombianos desde su experiencia, Carmen Eugenia Dávila, quien fue viceministra de Protección Social entre 2015 y 2018, explicó que con este Sistema se “asignaban presupuestos históricos a estas instituciones y se le daba al hospital para que comprara sus insumos, pagara a los trabajadores, los servicios, etcétera, con el propósito de que atendiera a la gente que no tenía seguridad social formal. El día que se acababa ese presupuesto ya no había con qué atender y llegaba el ‘septiembre negro’”, como se le llamaba a esta situación de crisis en el Ministerio de Salud.
Cabe señalar, de acuerdo con Fernández, que dentro de esta repartición de presupuestos históricos entraban también los hospitales de las organizaciones religiosas que tenían coparticipación de las beneficencias (híbridos). “Esos hospitales recibían plata de ese subsidio a la oferta, con bases en esos componentes presupuestales, pero la demanda era tal que todos los componentes de funcionamiento se veían limitados, con lo que empezaban a tener problemas”, aseguró el médico y periodista.
“Ese asunto fue generando una crisis que es la ‘mamá’, hoy, de la crisis hospitalaria, la que motivó la liquidación de los hospitales”, añadió.
Para descentralizar
Avanzando en el recorrido por la historia de los sistemas de salud en Colombia, Carlos Francisco Fernández llegó a 1990, año hasta el que se mantuvo el Sistema Nacional de Salud. “En 1990 existen dos leyes, esas sí muy pesadas desde el punto de vista formal en el país, que se llaman la Ley 10 de 1990 y la Ley 60, que es la descentralización”, enfatizó el maestro.
Según Fernández, los componentes de asistencia se descentralizan con la Ley 10 y se consolidan, desde el plano administrativo y de corresponsabilidades, los niveles de atención y los grados de complejidad. “El primer nivel de atención es del municipio, híbrido o no híbrido, ahora los municipios responden por ese nivel. Y le entregan a los departamentos el segundo y el tercer nivel. Es decir, hospitales que tenían un carácter nacional se los entregan a las gobernaciones”, relató.
La entrega de estos hospitales –con todos sus pasivos y problemas– generó más inconvenientes en los departamentos que los recibieron según la indicación de la ley y que ya tenían unas condiciones precarias. En casos como estos, a pesar de que los hospitales pasan a las gobernaciones para su administración, desde el plano funcional confluyeron la beneficencia del departamento, la orden religiosa fundadora del hospital y el Estado.
Pero la Ley 10 no se aplicó efectivamente en este momento de la historia del sistema sanitario nacional. “El Seguro Social, a 1992, cubría el 16% de la población colombiana y el resto, hasta llegar al 23% de la población, lo cubrían las cajas de la previsión social, más Ecopetrol, el Banco de la República, y otros que tenían sus propias cajas en temas de salud para sus empleados”, explicó Augusto Galán Sarmiento.
“Desde el punto de vista de financiación del sistema de salud, de esos tres subcomponentes –en donde también estaba el sector privado–, una de las cosas a tener en cuenta es que de cada 100 pesos que nos gastamos en 1992 para salud, 57 pesos los pagamos de nuestro bolsillo directamente los ciudadanos o de seguros privados, 33 pesos los tenía la Seguridad Social y 10 pesos era lo que tenía el sector público para atender al 60% de la población”, agregó el exministro.
La salud como servicio público
En medio de los “desbarajustes de las entidades” ocasionados por la Ley 10 al sistema de salud del país, se llegó a la Constitución de 1991. Al respecto, Carlos Francisco Fernández explicó que en esta confluyen las voces de quienes habían intentado universalizar la seguridad social y consolidan desde el plano constitucional dos artículos enfocados a este tema: artículos 48 y 49.
Artículo 48: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Fernández señaló que la característica principal de estos artículos es que con ellos la seguridad social quedó establecida como un servicio público en la Constitución y no como un derecho. “En la Constitución original del ‘91 la salud no es un derecho fundamental”, enfatizó, aunque sí “se cualifica la seguridad social como un componente universal a cargo del Estado, pero bajo la figura de servicio”, añadió.
Para ahondar en la comprensión de estas características en el sistema de salud, el editor de salud de El Tiempo regresó al primer artículo de la Constitución de 1991: “Colombia es un estado social de derecho”, el cual es clave para tener en cuenta al momento de hablar de reformas a la salud, según el maestro.
“Un estado social de derecho es una configuración, desde el plano político, organizativo, que funda todo su quehacer, hablando del Estado, entendido no como gobierno sino que el estado somos todos”, aclaró Fernández. “Es aquel que configura su esencia, su devenir para el cumplimiento de los derechos fundamentales”, agregó.
Pero ¿cuáles son entonces los derechos fundamentales en la Carta Magna?, cuestionó el maestro de la Fundación Gabo durante el taller, para dejar ver que la salud no está entre ellos. “Los derechos en la Constitución son derechos teleológicos, aspiracionales; son derechos potencialmente individuales, que se amparan bajo una acción de tutela”, explicó.
La vida, la libre expresión son algunos de los derechos teleológicos, pero, contrario a lo que se creería, la educación no está dentro de estos, para citar un caso, ya que este tipo de derechos “desde el punto de vista estatal, no cuestan”, señaló Carlos Francisco.
Un sistema público de salud
Este recorrido por los modelos de salud en Colombia, tras su inicio hace más de un siglo, va teniendo mayor alcance en la historia conocida por la mayoría de los ciudadanos al llegar a la reforma de 1993 con la Ley 100.
Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud, explicó que con esta modificación, desde la Constitución se pretendía solventar la situación ocasionada por el sistema de salud vigente que no cumplía con la cobertura total de la población (solo llegaba al 23% de los ciudadanos), generaba un manejo ineficiente de los recursos, inequidad y falta de solidaridad.
“Entonces la Constitución dio un mandato: la salud y la seguridad social tienen que ser para toda la población, tienen que ser universales, tienen que ser solidarios y tienen que ser eficientes en el manejo de los recursos”, puntualizó Galán Sarmiento.
“Lo que se logró fue hacer público un sistema de salud, con actores privados, pero que están regulados por el Estado, porque el Estado no está desentendido de la salud y tiene que organizar, de acuerdo a la Constitución y a la ley, la operación del sistema de salud”, agregó el funcionario.
Al respecto de este momento de la historia, Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, aseguró que la Ley 100 no es una ley neoliberal, ni traída de otros países; “fue una construcción de muchos que estaban trabajando en el sistema”. La funcionaria aportó a esta línea de tiempo la historia de Leonardo Betancourt en 1989, un líder de derechos humanos que elaboró un documento sobre cómo llegar a una seguridad social universal. Tras el asesinato de su autor, el texto fue recuperado por estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes comenzaron un camino –al que se fueron uniendo otros personajes del sector– para alcanar la seguridad social universal.
La ley que transformó la salud en Colombia
Hasta este momento de la historia, la salud en el país no había sido establecida como un derecho fundamental en la Constitución de 1991, sino como un servicio. “En un estado social de derecho eso tiene unas desventajas porque el servicio queda sujeto a las representaciones que cada uno le quiera dar, pero esencialmente a la capacidad de cada uno de garantizar su derecho”, anotó Carlos Francisco Fernández.
El médico y periodista señaló que antes de la Ley 100 de 1993, la garantía de los derechos fundamentales recaía en la capacidad de ser tutelables, lo que implica el volcamiento de todo el Estado para garantizarlos, sea desde un ente público o privado. Entonces, ¿por qué hay tutelas relacionadas con la salud antes de la Ley 100, si no era un derecho?
Para resolver este interrogante, Fernández relató la historia de un paciente con SIDA del Instituto de Seguro Social, entre los años 91 o 92, que pierde el amparo de esa institución al ser despedido del trabajo, con lo que deja de recibir los medicamentos para su enfermedad y su condición se agrava como consecuencia.
En vista de esto, el paciente consulta a un abogado quien deja ver que la falta del servicio está atentando contra la vida de esa persona y la vida sí es un derecho fundamental. De esta forma, se interpone una tutela contra el Instituto de Seguro Social para que se le garantice la asistencia porque se está violando el derecho a la vida. “El juez de tutelas, por conexidad (ver “Conceptos del sistema”), entutela un servicio público a través de un derecho fundamental y le dice al Seguro Social ‘como el riesgo de él frente a la vida es alto, y la vida es un derecho fundamental, sígalo atendiendo’”, relató el maestro de la Fundación Gabo.
Un caso similar ocurrió más adelante, aunque en ese caso la vida de la persona no estaba en riesgo inminente, pero sí debía acudir a unas prácticas extremas para conseguir sus medicamentos. “El juez y el abogado tutelan el servicio a través de algo que sí es un derecho fundamental: la dignidad”, contó Fernández.
Cuando aparecen en la historia de la salud en Colombia los regímenes subsidiados y contributivos como “intermediarios” para la prestación de la atención, las tutelas por servicios de salud siguieron en aumento, a pesar de que ahora todos los ciudadanos podían ser parte del sistema y no solamente los que tuvieran una vinculación laboral. De esta forma, el derecho de petición se convirtió en el más tutelado en el país, aseguró el editor de salud de El Tiempo.
“En el año 2008, la Corte Constitucional consulta por qué hay tantas tutelas a la salud si no es un derecho fundamental, por lo que hacen una revisión de tutelas y después de un proceso emiten la sentencia T-760, en la que indican que la salud es por jurisprudencia, por antecedentes y por componente de vínculo, un derecho fundamental”, explicó Fernández.
La T señalada en el título de la sentencia, hace referencia a que el documento es también una tutela que, en este caso, emite la Corte Constitucional en contra del Estado, donde le dice al Gobierno, al Congreso de la República, al aparato judicial del país y al sector privado que deben actuar para que se garantice la salud como un derecho fundamental. Esto llevó a equiparar el Plan Obligatorio de Salud (POS) entre el régimen contributivo y el subsidiado, no por gracia del gobierno, sino como cumplimiento de la sentencia de la Corte.
A pesar del gran avance, aún faltaba que lo anterior estuviera declarado en la Constitución del 91. Es decir, que la Carta fuera consecuente con el derecho fundamental, para evitar errores desde el punto de vista formal y jurídico. Para lograr esto se pensaron tres opciones: un plebiscito, una consulta popular o una ley estatutaria (ver “Conceptos del sistema”).
Como presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Carlos Francisco Fernández manifestó su interés para lograr garantizar que la salud fuera establecida en la Constitución como un derecho fundamental. Para seguir este objetivo, creó la Junta Médica Nacional, en la que presentó a sus colegas y líderes de otros gremios médicos la idea de presentar una ley estatutaria.
En esta trabajaron durante tres años “para elaborar una ley estatutaria que codeara la Constitución nacional y que permitiera que desde el plano autónomo la salud fuera un derecho fundamental”, relató el especialista. “Es el primer derecho social y económico en un estado social de derecho que es fundamental”, agregó.
La ley es aprobada y pasa a la Corte Constitucional, entidad que se tarda un año para analizar el contenido. En 2014, es emitida la sentencia constitucional C-313 la cual establece que la ley construida por este grupo de profesionales de la salud es exequible, lo cual cambia la historia de la salud. Tras esto, la ley estatutaria se configura bajo el número 1751 de 2015 y consta de 20 artículos.
“Es la ley que reformó de manera absoluta la salud de este país (...) por esa razón, la salud se volvió un derecho fundamental”, aseguró Carlos Francisco Fernández.
Los sistemas en el mundo
Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, se refirió a las tendencias mundiales en cuanto a los sistemas de salud y anotó que “en la antigüedad no había sistemas de salud”, a excepción de un tipo de acompañamiento durante las guerras. Ahondó en el tema con la noción de que los sistemas de protección de salud derivan de “las mujeres que se quedaban al cuidado de la familia y luego de los curanderos” y señaló que los médicos existieron en todas las comunidades ancestrales del mundo, en las que tenían el segundo lugar en la tribu o pueblo, después del jefe de esta.
“En Egipto había un ministro de salud, quien era a su vez el médico del faraón”, relató Castellanos, agregando que quien alcanzara ese rango debía pasar unas pruebas de autocuidado bajo la premisa de que “si usted no es capaz de cuidar su propia salud, no puede cuidar ni la del faraón ni la del pueblo de Egipto”.
El recorrido compartido por Castellanos sobre los sistemas de salud extranjeros también pasó por lo ocurrido en el mundo árabe, hasta llegar a tres tendencias mundiales: el modelo europeo del estado de bienestar, donde hay sistemas de salud; el modelo de los países marxistas, donde hay un sistema único de salud centralizado en manos del Estado, y una tercera forma de hacer las cosas (mas no un modelo) que es la de Estados Unidos, la cual aparece en muchos países donde no hay sistema de salud, y que es más bien un “mercado de salud” a partir de la venta de seguros.
Al aterrizar esta historia mundial en Colombia, el Director del Hospital Universitario San Ignacio indicó que lo que se tiene en el país es un “sistema nacional de salud con un mercado de pólizas de salud, de aseguramiento voluntario y de clínicas privadas”.
Avances y retos del sistema colombiano
Si algo quedó claro durante el taller ‘Periodismo de salud en tiempos de reforma’ de la Fundación Gabo y Coosalud, es que “el modelo (de salud) perfecto no existe”. En esto coincidieron tanto Carlos Francisco Fernández, orientador del taller, como los expertos del sector salud invitados a la primera jornada del evento.
Pero Augusto Galán Sarmiento, uno de ellos, compartió una visión positiva del recorrido de la salud y la seguridad social en Colombia hasta la actualidad, sin desconocer las fallas y retos. “La foto del sistema de salud de hoy tiene partes borrosas y partes pixeladas, pero cuando uno ve la película (...) nos damos cuenta que es bastante lo que hemos avanzado, porque tenemos claridad y entendemos de dónde venimos. El reto ahora es encontrar el camino juntos para definir hacia dónde avanzamos”, aseguró.
Para el exministro de Salud, uno de esos retos radica en la educación que se le brinda a quienes están en formación. “Se supone que los médicos, porque somos médicos, tenemos que saber manejar un sistema de salud y eso no necesariamente es cierto porque a nosotros no nos forman para manejar un sistema de salud, nos forman para curar la enfermedad (...) Fundamentalmente es una formación curativa y eso es algo que tenemos que modificar, no solo en el sistema de salud colombiano, sino en general en la formación de los profesionales de la salud”, apuntó.
Un avance identificado por el experto, fue el aumento en la cobertura y atención de la población tras la reforma con la Ley 100 de 1993. Según él, previo a esta modificación “mucha gente se quedaba sin atención, (incluso) mucha gente con enfermedades de alto costo”. Al respecto, Galán Sarmiento se refirió a la situación de pacientes con enfermedad renal crónica terminal.
“Antes de 1992, a un paciente renal crónico terminal que no tenía seguro social o que no tenía los recursos económicos, simplemente le poníamos un suerito y los mandábamos para la casa. No había nada más que hacer por él. Hoy, los alrededor de 40 mil pacientes que tiene el sistema de salud con enfermedad renal crónica terminal están cubiertos por la seguridad social y todos están atendidos, o en diálisis peritoneal o en hemodiálisis o han sido trasplantados y están siendo controlados en su transplante”, relató el exministro.
“Eso le cuesta cerca del 3% de la Unidad de Pago por Capitación (ver “Conceptos del sistema”) al sistema. Tengan en cuenta que cuando se calculó la primera Unidad de Pago por Capitación, hace 30 años, se estimó el 4% de la Unidad de Pago por Capitación para todas las enfermedades de alto costo. Hoy nos estamos gastando, solamente en la enfermedad renal crónica terminal, lo que fue la estimación que se hizo para todas las enfermedades de alto costo en ese momento”, agregó el funcionario.
Otros factores como la tasa de envejecimiento en el país, las migraciones, el desplazamiento, el avance de la tecnología y los medicamentos, las necesidades adicionales, significan una responsabilidad mayor para el sistema de salud, así como el acceso total a los servicios.
“En 1992 hacíamos una consulta por ciudadano al año y éramos 32 millones de colombianos. Eso lo hacía todo el sistema de salud, incluyendo al sector privado, el público y el de seguridad social. Hoy estamos haciendo 4,5 consultas por ciudadano al año. Hemos incrementado sustancialmente el sistema de salud”, señaló Galán Sarmiento, sin desconocer los retos en el acceso que aún se padecen en el país, por las inequidades existentes entre el campo y la ciudad.
Pero en esta conversación sobre acceso y atención en salud, sus fallas y retos, no podían quedar por fuera las EPS, las cuales tienen la gestión de riesgos en salud, es decir, el manejo de los recursos para que estos sean suficientes y que el servicio llegue a todos quienes lo necesiten.
Para Augusto Galán, esa labor de estas entidades en general está malentendida. “La discusión en este momento (de reforma) no es si permanecen o no las EPS. La discusión debe ser si vamos a mantener la función de la gestión de riesgos en salud dentro del sistema de salud o la vamos a desaparecer, y cuáles son los riesgos de desaparecerla. Y si la vamos a mantener, quién puede cumplir esa función de la mejor forma (...) para que el derecho a la salud continúe progresando y hacia dónde lo vamos a llevar. Ese es el reto”, declaró.
Algo especial para mencionar dentro del sistema de salud colombiano es el tema de la solidaridad, coincidieron los expertos invitados al taller, la cual debe ser protegida fundamentalmente: la financiación de la salud por quienes tienen más recursos, que hacen aportes más altos y ayudan a financiar a quienes tienen menos recursos.
Por su parte, Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio, presentó una visión tajante en la conversación sobre posibles logros y avances, así como retos, tras la historia de los sistemas de salud en Colombia y el futuro con la reforma.
“El problema de Colombia no es de sistema, el problema de Colombia es de cultura, de corrupción, de mala administración y de polarización (...) No estamos buscando cómo resolvemos el problema sino de qué lado estamos (...) La idea es encontrarnos en la mitad para resolver el problema”, agregó el especialista.
Castellanos afirmó que el problema de la salud no es la cobertura, sino el acceso a la salud, además de un problema de administración a la población dispersa, la cual no puede ser manejada de la misma forma que quienes están en la ciudad. “Colombia tiene un sistema que, en mi criterio, es bueno y es bueno para las ciudades, pero que en temas de población dispersa y población de alta ruralidad no funciona igual”, dijo el experto.
Las EPS, en el centro del debate
En medio de la conversación sobre la reforma propuesta por el gobierno actual, las EPS han estado en el centro de la discusión y de la discordia entre los diversos sectores a favor o no del proyecto de ley, ante la incertidumbre del futuro de estas entidades en el sistema de salud actual.
Sin embargo, Carlos Francisco Fernández, maestro de la Fundación Gabo, compartió un par de cifras, resultado de una encuesta de Invamer de este año, que llaman la atención si se tiene en cuenta que esta sigla ha estado de boca en boca recientemente y hace parte de la cotidianidad de muchos colombianos:
- El 30% de la población colombiana no sabe qué es una EPS.
- El 60% de la población colombiana no sabe qué es una IPS.
En su intervención, Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, aportó un recorrido por algunos de los hechos más destacables relacionados con las EPS, haciendo énfasis en las empresas solidarias de salud que son, según la exviceministra de Protección Social, el experimento social más importante de América, al tratarse de comunidades organizadas (del nivel 1 y 2 del Sisben) capaces de prestar servicios de salud.
Llegado el año de 1990, se discutía dentro del gobierno de César Gaviria una reforma pensional y se llega a la conclusión de que se debe hablar de seguridad social integral: pensiones, riesgos laborales, salud y servicios sociales complementarios. Es decir, “incorporaron el seguro social, incorporaron las cajas de previsión social, las cajas de compensación familiar e incorporan -entre el 91 y 92- unas empresas solidarias de salud, el cual es el antecedente del régimen subsidiado”, relató la funcionaria.
Augusto Galán Sarmiento, como testigo del surgimiento de las empresas solidarias de salud, aseguró que este es uno de los desarrollos institucionales más valiosos de Colombia, porque nacieron a partir de la organización comunitaria de un grupo de campesinos para proveerse del servicio de salud. “Eso no se ha contado lo suficientemente en este país, de cómo ha sido un desarrollo desde el territorio, más rural y -si se quiere- más apartado en ciertas zonas, hasta llegar a constituir unas organizaciones con una gestión administrativa muy poderosa para llegar a afiliar a casi 10 millones de colombianos”, comentó.
Siguiendo su recorrido histórico, Dávila señaló que la operación del régimen subsidiado de salud -con el antecedente de las empresas solidarias-, se inició en 1996. Más adelante, en 2007, se da un régimen de solvencia para las EPS contributivas y se crea la Comisión de Regulación en Salud (CRES) -para encargarse del Plan Obligatorio de Salud, la UPC, entre otros-, como la primera gran reforma de la Ley 100.
Llegado el año 2014, tras la liquidación de la CRES en 2012 y en medio de una crisis en el sector, “se toma la decisión de generar un régimen de solvencia para todas las EPS, que es el que usan las empresas aseguradoras, se asimila a las empresas aseguradoras y ¿por qué estas empresas sí son aseguradoras en gran medida? Porque tienen la UPC como prima, tienen la obligación de prestar unos beneficios y son reguladas por el Estado”, explicó la funcionaria.
Para el caso de las empresas solidarias, lideradas por personas de bajos recursos, la solución estuvo en conseguir socios capitalistas, de manera que se pudiera conservar la figura de las solidarias. Este es un proceso en curso, ya que estas empresas tienen hasta el año 2027 para conseguir el socio. Hay algunos casos de éxito, como Coosalud y Mutual Ser.
Recordando la cifra de cobertura nacional del 23% alcanzada por el sistema de salud previo a la Ley 100, Carmen Eugenia Dávila informó que actualmente se cuenta con una cobertura del 91% a través de las EPS.
La funcionaria afirmó que más que un problema de acceso a los servicios, hay un problema de disponibilidad en las zonas rurales. “En Colombia no hay disponibilidad de ciertos recursos. Por ejemplo, no tenemos suficientes camas en ciertas ciudades, no tenemos ciertas especialidades, no tenemos suficientes enfermeras por cada 100 mil personas”, expresó Carmen Eugenia Dávila, agregando que la atención del gobierno nacional debería estar en este componente de disponibilidad que se encuentra en la Ley 1751 de 2015.
En el momento de su intervención en el taller ‘Periodismo de salud en tiempos de reforma’, previo a la presentación del proyecto de reforma por parte del gobierno, la directiva gremial compartió los riesgos, inquietudes y preocupaciones desde su sector del sistema de salud ante la incertidumbre por el futuro de las empresas que representa. “Queremos que lo positivo se mantenga y que las funciones de las EPS, que le sirven a la gente, estén en alguna otra parte”, indicó.
Según la funcionaria, “las EPS responden por lo bueno y por lo malo”, por lo que una de sus inquietudes es saber ante quién interpondrán una tutela las personas, en caso de aprobada la reforma, teniendo en cuenta lo que se dijo anteriormente de que ningún modelo o sistema de salud es perfecto.
Además, se refirió a los 30 años de servicio que tienen las EPS en el país, “trabajando y mejorando”, lo que supone un personal y equipo ya capacitado en el tema. “Hay mucha gente administrativa, médicos, enfermeras que se han ido a formar para hacer este tipo de tareas: administración de riesgo, gerencia de seguros, etc. Hay un capital humano importante que no podemos desconocer”, dijo Dávila.
Con respecto a los Centros de Atención Primaria descritos en la reforma -lo que se conocía sobre esta al momento del taller-, la Directora ejecutiva de Gestarsalud mostró preocupación por el buen desempeño en la atención médica que estos puedan brindar, si se supone que es en ese mismo lugar donde los ciudadanos deben ir a afiliarse y realizar otros trámites. “Veo un inconveniente logístico porque esos puestos de salud están para prestar servicios de salud, para garantizar el bienestar, la vida de las personas, no para tener unas funciones administrativas que se van a ‘comer’ el puesto de salud. Para eso, ahora mismo, existen los puestos de atención de las EPS”, expresó.
“En términos del paciente, creo que no es la mejor reforma que pudiera darse. No digo que todo en este esquema sea perfecto, faltan muchas cosas. Falta humanización, falta capacitación en las organizaciones, falta que las organizaciones simplifiquen procesos (...) Y en cuanto a disponibilidad de la oferta -que no es la EPS sino oferta de servicios de salud-, también faltan muchas cosas. Lo que todo el mundo se pregunta es por qué no resolvemos los problemas que hemos identificado”, afirmó Carmen Eugenia Dávila al respecto de lo que en ese momento se conocía sobre la reforma de salud.
La vigilancia, el control y la financiación del sistema
Siguiendo con el objetivo de comprender el funcionamiento del sistema de salud nacional para fortalecer la cobertura periodística del mismo, a la luz de una reforma, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, y el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez Martín, participaron en el taller de la Fundación Gabo y Coosalud, para explicar a los periodistas las funciones de sus áreas en el sistema y lo que se espera de estos con la modificación.
El Superintendente de Salud estableció como base de su intervención la Ley Estatutaria de Salud de 2015, por ser un “hito que no se puede desconocer” y “un referente obligado para abordar el tema del derecho a la salud”, teniendo en cuenta la función de la entidad que lidera para proteger los recursos destinados en la garantía del goce efectivo del derecho a la salud.
El funcionario nacional dejó en claro que ese acceso a los servicios que implica el goce efectivo del derecho a la salud, no se refiere únicamente al acceso geográfico a este o a recibir lo prescrito por el médico. “El acceso va hasta completar la integralidad en los componentes diagnósticos, terapéuticos y en ocasiones ambulatorios y hospitalarios (...) que no existan obstáculos en lo ordenado por el médico para facilitar el diagnóstico y que no se trunque ese acceso”, manifestó.
Respecto a la función de la Superintendencia para solventar “la inconveniencia de atención a quien tiene el derecho violentado” y aplicar el componente de control a quien lo violenta, el Superintendente se refirió a la Ley 1949 de 2019 con la que se reestructuró la entidad, aunque aseguró que “esta ley sí le dio dientes a la Superintendencia pero de leche y cuando vas a morder al infractor se caen los dientes”.
Uno de los tres ejes definidos por la Superintendencia es mejorar la credibilidad entre los ciudadanos. Según Ulahy Beltrán, a su llegada a la entidad, encontraron una credibilidad no mayor al 70%. Las personas “sabían la existencia de la Superintendencia pero no creían en ella”, por lo que cuestionan la calidad de su función de vigilancia.
“Si somos dilatadores de una respuesta de vida frente a una necesidad de un usuario nos hacemos parte de la cadena de demorar el inicio de un diagnóstico oportuno o un tratamiento pertinente y hacemos parte de la cadena de la recuperación de una persona. La cadena de dilación no puede continuar”, expresó el funcionario.
Cifras de la Superintendencia indican que de noviembre de 2015 a la fecha se han completado 16 decisiones de liquidación a entidades prestadoras de salud. Actualmente, reporta Beltrán, hay 27 EPS activas, con 16 millones de pesos en cuentas por pagar; 8 en proceso de liquidación, que adeudan $5.028.913; 8 con proceso liquidatorio finiquitado, que quedaron debiendo $1.741.920. Previo a esto, 92 EPS fueron liquidadas entre 2003 y 2015, las cuales dejaron deudas por $407 mil millones.
Sobre las insatisfacciones reportadas a la Superintendencia, el jefe de la entidad aseguró que en 2022 se recibieron 1.155.006 peticiones, quejas, reclamos o denuncias (PQRD), de las cuales 396.692 correspondían a casos en los que había riesgo de vida de usuarios afiliados a EPS del régimen contributivo o subsidiado. Con respecto a la inatención en salud, se reportaron 5.847.521 PQRD entre 2014 y noviembre de 2022, siendo el acceso a la prestación del servicio, la entrega de medicamentos, la dificultad para el agendamiento de citas y las demoras para resolución de peticiones las problemáticas reiteradas.
Aterrizando las funciones de la Superintendencia de Salud con la reforma, el componente de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la entidad es un tema obligado en el proyecto de ley, según Ulahy Beltrán López, pero agregó que sí existen unos nuevos lineamientos frente a la actuación de la Superintendencia, “tratando de ser no la Superintendencia que hoy tenemos, sino la que merece tener el país, teniendo en cuenta los factores que hoy atentan y agreden el derecho a la salud y facilitan el uso indebido de los recursos públicos destinados”.
El funcionario afirmó que, a partir de la reforma, habrá énfasis en el componente de control dentro de la Superintendencia, al solicitar nuevas facultades para ir más allá en los procesos contra las entidades de salud con deudas en el sistema, las cuales quedan sin subsanar al finiquitar los procesos de liquidación, para que los dineros regresen al sistema. También se trabajará en el “acceso expedito a los servicios de salud”, para entregar oportunidades e inmediatez en la atención y, además, resolver en un tiempo prudente -desde la Super- las quejas, denuncias y reclamos.
“Procuraremos trabajos articulados que permitan que desde lo penal, la Fiscalía actúe; desde lo fiscal, la Contraloría actúe; desde lo disciplinario, la Procuraduría, pero que también la Superintendencia sea efectivamente un cumplidor del esquema de IVC, no solamente de informar a los colombianos quiénes son los infractores y cuáles son las infracciones más frecuentes, sino que con las actuaciones del control se generen precedentes para que se conduzca a un comportamiento de irrepetibilidad por parte del infractor, pero también por parte del sistema prestante. Que no se sientan tranquilos frente a este tipo de actuaciones y por lo tanto no incursionen en el mismo mal comportamiento y hábito”, reflexionó Beltrán López.
Teniendo en mente esos recursos económicos que la Superintendencia de Salud tiene como misión recuperar para el sistema, es importante orientar la conversación sobre este y sus potenciales modificaciones hacia el tema financiero del modelo actual, como un punto crucial a dar a conocer para comparar con la propuesta del gobierno nacional en este ámbito.
En búsqueda de sociedades económicas más equitativas: ADRES
Según Félix León Martínez, director de la administradora de los recursos del sistema “en el actual sistema se recogieron todos los recursos en una bolsa” desde distintas fuentes, para solventarlo. Tres de estas fuentes para financiar son: los aportes de los trabajadores y patrones, la fuente más importante al comienzo de la Ley 100; un porcentaje de los impuestos corrientes de la nación, que por constitución son propiedad de los municipios y una porción pequeña de los departamentos, y el Presupuesto Nacional en sí, para “llenar los huecos” que las otras fuentes no consiguen. Cabe señalar, según el funcionario, que este último tiene una carga cada vez mayor porque los empleadores aportan cada vez menos al sistema.
Al reunir lo aportado por estas fuentes, “ADRES gira 6 billones mensuales a las EPS, correspondiente al per cápita mensual de los 51 millones de colombianos, convertidos en UPC”, indicó Martínez Martín. “Adicional, se le paga a la EPS un presupuesto máximo”, agregó.
El director de la ADRES explicó que con la reforma se tendría un Fondo Único Público de Salud, que “estará constituido por un conjunto de cuentas del sistema de salud y será administrado por la administradora de recursos para la salud - ADRES”. Además, “vamos a tener un per cápita de seguridad social para la atención de mediana y alta complejidad en un Fondo Regional de Seguridad Social en Salud que presupuestará la atención de estos niveles en clínicas privadas y en hospitales, y que (entre otras cosas) contará con unas unidades de análisis e inteligencia del gasto”.
Para el funcionario, las modificaciones a esta ley de salud son necesarias porque la “universalidad de la seguridad social” que fue descrita inicialmente no se ha cumplido y, por el contrario, se ha construido una inequidad en el acceso. “El fin de la Ley 100 (si se hace la reforma) no es el fin de la seguridad social. Se busca darle continuidad a los estados de bienestar y tener sociedades económicas más equitativas”, añadió al señalar los principios que se defienden en la lucha contra la inequidad dentro del proyecto de ley, como son:
Defensa de la seguridad social; descentralización político administrativa, teniendo en cuenta que el 95% de los recursos de la nación son manejados desde el nivel central y “hay problemas que se deben resolver con el gobierno del municipio”, como la prevención de salud. “Todos ponen”, todo contrato o pago de trabajo debe incluir aportes a la seguridad social, pero el no pago o atraso en los aportes no puede ser una barrera para la atención y acceso a servicios de salud; manejo técnico y transparencia en el manejo de los recursos, para que el mercado le sirva a la sociedad y no al contrario.
“Lo que propone la reforma es devolverle a los municipios la oportunidad de manejar la atención primaria en salud y manejar un sistema único de atención de urgencias para ubicar a los pacientes en los hospitales”, dijo Martínez Martín. De allí la concepción de los Centros de Atención Primaria (CAP) con los que el cuidado de la salud estará en el territorio. El funcionario aseguró que habrá un CAP por cada 20 mil habitantes (para un total de 3 mil en el país) y que la ubicación de estos será definida por las administraciones municipales, además, la implementación de este modelo de atención es a 10 años, con un plan de inversión de 1 billón y medio de pesos.
La segunda figura con la que estarían organizados los servicios con la modificación es la de Redes Integrales de Servicios de Salud, en la que se encontrarían todos los prestadores de hospitales, clínicas y centros especializados públicos y privados para garantizar los servicios a la población.
El director de la ADRES explicó que los departamentos deberán financiar y desarrollar los hospitales públicos -cuánto más lejano y con dificultades mejor-, para fortalecer estas instituciones con mayor apoyo del presupuesto departamental.
En cuanto a la financiación de estos, Félix Léon Martínez indicó que los Centros de Atención Primaria tendrían un presupuesto tipo, por lo que “no tendría que facturar (...) Tendrían su presupuesto para pagar su nómina, sus médicos, sus servicios”, afirmó.
En el caso de los hospitales y clínicas “seguirían facturando contra los fondos regionales que harían la función de pagador, que hoy hacen las EPS. Es decir, tendrían el per cápita de esa población, que tiene adecuaciones regionales, de edad, de sexo y otras características de costos diferenciales”, explicó el Director de la ADRES.
Conceptos del sistema
- Subsidio a la oferta: Es la entrega, por vía directa, de subsidios a las instituciones que operen un sector en específico, en este caso del sistema de salud, corresponde a los hospitales. Este tipo de subsidio puede ser ejecutado por el Estado en diferentes aspectos del desarrollo social de una población.
- Unidad de Pago por Capitación (UPC): Es el valor anual para la atención de una persona dentro del sistema de salud. En promedio, el pago de esta UPC está en $1.200.000, siendo ese es el valor de una UPC por año para cada colombiano. Cabe señalar que la entidad que recauda estos valores entrega a la EPS el valor de la UPC, no se le entrega netamente el valor de la cotización pagada por el usuario. Lo que sobra de esas cotizaciones e impuestos pagados es utilizado para financiar a los pacientes del régimen subsidiado y a otras familias del mismo régimen contributivo.
- ADRES: Es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuya creación participó Carmen Eugenia Dávila, invitada experta al taller. Este concepto surge de la Ley Estatutaria y también de una evolución natural, y es la figura que reemplazó al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA.
- Frecuencia de uso: Término empleado para señalar que un usuario o paciente va cada vez más al médico, se apropia de su derecho a la salud y empieza a exigir.
- Conexidad: Interponer una tutela por un servicio público insatisfecho, a través de un derecho fundamental. Por ejemplo, el paciente no tiene acceso al servicio de salud, lo que pone en riesgo su vida (que sí es un derecho fundamental), ante una enfermedad de base.
- Ley estatutaria: Es un acto legislativo que permite modificar la Constitución. Este debe ser debatido en una sola legislatura, aprobado por mayoría absoluta (51% de los congresistas deben aprobar) y debe ser declarado exequible (válido) por la Corte Constitucional, luego de ser promulgado.
Manejo de fuentes, ética, rigor y narrativas digitales: retos del periodismo de salud
Orientando la conversación durante el taller hacia el día a día de los periodistas de salud, Carlos Francisco Fernández señaló como enfoques tradicionales de esta área del periodismo: las políticas sanitarias (como una reforma al sistema, por ejemplo), los avances médico - científicos (una nueva vacuna, las reacciones de un medicamento, entre otros) y los eventos sanitarios (pandemia, aumento del dengue, estado del agua, entre otros).
¿Qué hace falta? Para el editor de salud de El Tiempo “faltaría más periodismo de servicio, el de informar (...) que la gente entienda cuáles son los términos, hacer la pedagogía que hace falta: ¿qué es una EPS? ¿Qué es una UPC? Elementos que al ponerlos al servicio de la gente quede bien informada”.
Ejecutar esta labor con responsabilidad, rigor y respeto por esa información es vital, ya que una gran parte de las audiencias sigue con vehemencia este tipo de contenido. Por ejemplo, cifras de Elsevier –editorial académica especializada en contenido científico, técnico y médico-, indican que el 61% de adultos han usado redes o medios como fuente de salud y 53,5% de ellos manifiestan que esta información modificó, al menos una vez, la forma de pensar sobre salud.
Según el maestro de la Fundación Gabo, la gente busca herramientas para su autocuidado al consumir contenido o cubrimientos relacionados con la salud. Para que el público encuentre esto -con calidad-, el periodista de salud se convierte en un traductor, “un mediador entre las fuentes y las audiencias”, que debe alejarse del sensacionalismo, las alarmas sociales, los intereses de laboratorios, clínicas y médicos, entre otros.
Para Fernández también resulta importante referenciar aspectos de ética que están insertos en el componente periodístico. Algunas de esas premisas o fundamentos aterrizados al periodismo de salud específicamente son:
- La información es indisociable de los avances médicos y científicos. “Un avance puede estar ahí, pero si no se comunica, simplemente no existe”, dijo el especialista.
- Los generadores de conocimiento tienen una responsabilidad social. “Los comunicadores de salud tenemos, además del papel de comunicadores, una corresponsabilidad social”, ya que el contenido generado tiene un impacto directo en la audiencia.
- La aceptación universal del desarrollo médico-científico depende de la información que se brinde. “Dependiendo de la forma como usted comunique, puede ayudar o puede deteriorar o dejar pasar por alto un avance”.
- Los temas médicos y científicos están entre los más demandados, porque tienen que ver con la salud de todos.
El médico y periodista también compartió un listado de pilares éticos, en los que se debe fundamentar el ejercicio del oficio periodístico, especialmente en la cobertura de la salud. Estos son:
- Verdad y precisión. “Si no tienen certeza de algo, preferiblemente no lo informen”, dijo Fernández.
- Independencia. Se refiere a la capacidad del periodista por mantenerse independiente a pesar de las relaciones o intereses de quienes estén a la cabeza en el medio donde trabajen.
- Imparcialidad. Según el experto, no se trata de pensar a favor o en contra de algo, sino de buscar el mayor punto de equilibrio y la postura a la hora de comunicar, para no sesgar el desenlace en la gente.
- Humanidad. “Mantenerla para poder transmitir emociones a las audiencias”, indicó.
- Responsabilidad. Responder con humildad por la información ante un posible error y atender a las audiencias.
“La tarea del periodismo es acabar con la imaginación en el mal sentido y crear certezas, lo que implica crear análisis muy profundos”, aseguró Olga Lucía Lozano, maestra de la Fundación Gabo, cofundadora y exeditora creativa de La Silla Vacía, en su intervención en el taller ‘Periodismo de salud en tiempos de reforma’.
Su comentario llegó en buen momento a oídos de los periodistas participantes, quienes en esa semana se encontraban invadidos por la incertidumbre al desconocer el contenido de la reforma a la salud del gobierno actual pero -aun así- con la responsabilidad de informar de forma acertada sobre el tema a las audiencias.
Con esa realidad como base, la maestra de la Fundación Gabo compartió algunas prácticas del periodismo digital latinoamericano, para evidenciar que es posible confrontar los hechos con una nueva mirada a partir de las herramientas del internet.
“Después del 2020 todo el periodismo intenta ser más riguroso. Se hace evidente que tenemos que llegar a todos con información real, que permita poner en duda incluso a quienes toman decisiones para el sistema de salud”, manifestó la experta. “El 2020 hizo evidente eso en torno al COVID y vino un gran quiebre porque la pelea con la desinformación la ganó la ciencia”, agregó.
Lozano aseguró que a partir del primer año de la pandemia también hubo una “explosión de todos los formatos” y una búsqueda, por parte de las audiencias, de “contenidos experienciales”, lo que permitió una revitalización del audio, a través de los pódcast, y del video. Invitó a los colegas a explorar esos formatos, incluso en medios tradicionales y con una narrativa básica, al ser necesario descifrar cómo piensa la gente y cómo se relacionará con la información generada por los periodistas, previo a la creación del contenido.
“El periodismo tiene que ser capaz de ser empático y poder establecer conversaciones con todas las audiencias”, expresó Olga, aludiendo a la emocionalidad que debe ser parte de estas nuevas narrativas. “Incluso en lo masivo uno debe tratar de llegar a la intimidad. Por mucho tiempo la gente se ha sentido excluida de la información porque no entiende lo que le dicen, porque le hablan de algo genérico o porque no le llega la información”, agregó.
Por esta razón, algunas recomendaciones de la periodista para encontrar y aplicar esas nuevas narrativas digitales son: entender los temas (de salud en este caso) desde la cotidianidad para realmente asimilarlos, e identificar dónde habla la gente de salud (plataformas/medios) y qué dicen sobre el tema. “A veces el lenguaje no asusta tanto cuando lo usas en otro formato, con contenidos creativos, relatos con fuentes diversas. Eso es útil”, indicó.
En el caso de las redes sociales como medio de comunicación, la maestra de la Fundación Gabo señaló que estas no deben ser espacio para “refritos” de noticias que ya se encuentran en otra plataforma. Por el contrario, se deben producir “micropiezas de contenidos” que permitan complementar la conversación, sin reiterar el diálogo que ya se está teniendo en otros espacios digitales. La cofundadora de La Silla Vacía recomendó pensar en contenidos redondos y cerrados, como videos cortos -principalmente-, al informar sobre salud desde estas aplicaciones.
Finalmente, Carlos Francisco Fernández concluyó que “la salud no es una fuente secundaria”, por el contrario, es una fuente que requiere ilustración, formación y estructura específica de los periodistas, por lo que debe haber una continuidad en el equipo periodístico al frente de esta. Por esta razón, la cobertura de la salud merece un espacio en todas las estructuras de un medio de comunicación, cuyas temáticas pueden estar presentes o desarrollarse desde cualquier género del periodismo.