Relatoría del taller ‘Cobertura periodística de la justicia restaurativa en Colombia’ (Zipaquirá)

Desde que el Estado colombiano y la guerrilla más antigua de Latinoamérica firmaron la paz en 2016, el periodismo ha enfrentado el reto de cubrir los nuevos escenarios de justicia y verdad que surgieron con el Acuerdo de Paz. Para reflexionar sobre estos desafíos, 20 periodistas de todo el país se reunieron en Zipaquirá en el taller ‘Cobertura periodística de la justicia restaurativa en Colombia’, organizado por la Fundación Gabo en alianza con el Instituto Colombo-Alemán para la paz (CAPAZ). Durante dos días, el 27 y 28 de junio, compartieron ideas y reflexiones bajo el liderazgo de la experta Gloria Castrillón, directora de Colombia +20. Además, escucharon las definiciones y experiencias de la justicia restaurativa de la voz de expertos y víctimas del conflicto.

Mientras esto ocurría, dos hechos relacionados con la paz ocupaban los titulares de medios nacionales e internacionales. Primero, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, un grupo de militares reconocía públicamente que en ese lugar habían asesinado campesinos inocentes para hacerlos pasar como muertos en combate. Al día siguiente, el país conmemoraba el primer aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Era una confirmación de la urgencia de este encuentro y una muestra de que “están pasando cosas muy interesantes en Colombia y son tan innovadoras que necesitamos nuevas herramientas para abordarlas”, como aseguró Castrillón al inicio del taller. 

La experta hizo un llamado a ser conscientes como periodistas de la historia que se está escribiendo en Colombia y a contarla más allá del registro de los hechos y las cifras del dolor. En esto coincidió Juliette Vargas, colaboradora científica del Instituto Capaz: “Los ojos del mundo están puestos en esa propuesta tan ambiciosa que Colombia tiene por la paz. Aquí están pasando cosas inéditas y, si sale bien, va a ser un modelo para lidiar con crímenes tan atroces”.

La justicia restaurativa

¿Qué es la justicia restaurativa y qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en Colombia? Juliette Vargas, del Instituto Capaz, ofreció una exhaustiva presentación para entender de dónde viene este concepto, y Camilo Suárez Aldana, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), explicó cómo se está aplicando en esta institución creada por el Acuerdo de Paz. 

• Cárcel vs. reparación: la justicia restaurativa se enfoca en enmendar el daño causado, a diferencia de la justicia ordinaria, que tradicionalmente se ha centrado en el castigo y la pena. Por eso se preocupa más por reparar a las víctimas que por llevar al agresor a la cárcel. Suárez Aldana resume así la diferencia: “Se diseña un modelo de justicia que, a diferencia de confinar, de aislar, de alejar, de retribuir, piensa en reintegrar, reincorporar, reparar y restituir”. 

• Una alternativa para resolver conflictos: esta propuesta, que se conceptualizó en los años 90 pero que retoma prácticas ancestrales de justicia propia de distintos pueblos étnicos, surgió como una alternativa a los problemas que presenta la justicia ordinaria. “Los criminólogos investigan y se dan cuenta de que la justicia no está sirviendo ni para corregir, ni para prevenir ni para resocializar. Uno ve las cárceles de Colombia y entiende por qué hay más violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles que afuera”, explicó Vargas.

• Víctimas en el centro: para que un proceso sea restaurativo, las víctimas deben ser protagonistas activas desde el inicio hasta que se implementa la sentencia. Según la investigadora, “una de las críticas que surgen en los 70 es ¿dónde quedan las víctimas? Más allá de participar como testigos, ¿dónde queda su dignidad? La justicia restaurativa les dice a las víctimas: ustedes son los protagonistas porque son los principales afectados”. En la práctica, esto significa que las víctimas pueden participar activamente en todas las etapas del proceso, como explicó el magistrado sobre lo que ocurre en la JEP: pueden presentar informes, escuchar y controvertir a los comparecientes, solicitar pruebas, presentar pruebas y hacer propuestas de sanciones propias.

• De lo individual a lo estructural: este modelo busca identificar las causas estructurales del conflicto y para ello se ocupa de estudiar los patrones de criminalidad. “La JEP no es una jurisdicción pensada para el caso a caso. No es un problema de investigar por qué A mató a B, sino que busca identificar la causa estructural. Es otro modelo de investigación, otra manera de imputar y también son otros ritmos procesales”, explicó el magistrado.

¿Periodismo restaurativo?

Después de escuchar detalladas explicaciones sobre lo que significa la justicia restaurativa y cómo se está intentando aplicar desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la experta que modera este  taller, Gloria Castrillón, planteó una pregunta que llevaría a profundas discusiones sobre el rol del periodismo en estos escenarios: “Ya vimos que la justicia tiene un enfoque restaurativo, ¿el periodismo puede tenerlo?” Así arrancó un debate sobre cómo contribuir desde el periodismo a sanar el dolor causado por “la peor tragedia de Colombia”, como calificó Castrillón a más de 50 años de conflicto armado.

Narrar lo que el país no ve

Una de las primeras ideas fue la de narrarle al país las historias de lo que está ocurriendo con la justicia transicional y mostrar lo trascendental que son estos hechos. “¿Será que nos estamos quedando solo en el cubrimiento de la audiencia judicial y estamos dejando por fuera las historias? ¿Hemos contado el antes y el después de estas audiencias?”, preguntó Castrillón. Como ejemplo habló de la audiencia de Dabeiba que ocurrió durante el primer día del taller: “Para que se diera la audiencia de hoy hubo todo un proceso detrás. El equipo de la JEP ha visitado las prisiones militares una a una hablándoles de la importancia de contar lo que hicieron. Al principio había una negación total y los militares veían a la JEP como una manera de mancillar su honor. Ahora vamos viendo un cambio en la manera como lo perciben y como aportan a la verdad”.

Después de analizar algunos cubrimientos de distintos medios nacionales a las diligencias de la JEP, los participantes concluyeron que es necesario ir más allá del registro de lo que se dice en las audiencias y contar también el componente emotivo de estos espacios. También se planteó la necesidad de diversificar los enfoques y las fuentes en estas coberturas. 

Darles espacio a las víctimas en la cobertura

Una novedad de la justicia restaurativa es que le da una participación protagónica a las víctimas, a diferencia de la justicia ordinaria. La JEP es un reflejo de este cambio, pues las víctimas son centrales en todo el proceso, desde los aportes a la construcción de la verdad hasta la definición de las sanciones. A pesar de esto, en el ejercicio de revisión de medios, los participantes encontraron que el protagonismo suele estar en los responsables (o comparecientes), con muy poco o ningún espacio para la voz de las víctimas. 

Repensar la manera de cubrir a las víctimas

Ese cubrimiento de las víctimas también debería trascender las declaraciones en las diligencias judiciales y llevar a contar historias que ayuden a reparar su dolor. Castrillón planteó algunas preguntas sobre este aspecto: “¿Cómo estamos representando a las víctimas?, ¿qué justifica ir a remover el dolor de una persona que sufrió mucho?, ¿en qué momento puedo hacer eso sin generar revictimización?” Además, aconsejó contar las historias de cómo las propias víctimas impulsan procesos de reparación en sus comunidades: “No hay nada más dignificante para una víctima que uno cuente cómo esa persona se sobrepuso y sacó adelante a su comunidad. No se trata de contar historias ‘positivas’ o ‘negativas’, sino de contar la historia completa”. 

La exeditora de investigaciones de Cromos hizo un llamado a evitar los errores periodísticos del pasado. Para ello recordó los resultados de un ejercicio que realizaron con víctimas en los años 90 desde la iniciativa Medios para la paz, en medio de las negociaciones del Caguán. “Hicimos un taller con víctimas y les preguntamos cómo se veían retratadas en los medios. El resultado fue desastroso, nos dio pena ver cómo las maltratábamos, el estereotipo alrededor de los desplazados. (...) Parte del reclamo era que no las mostrábamos de forma digna, sino siempre llorando y quejándose, ‘sucias’, ‘pobres’. En ese momento teníamos un afán por mostrar a las víctimas y no nos dimos cuenta de cómo las estábamos maltratando”. 

Dejar atrás el imaginario de buenos y malos

Para la maestra del taller, es necesario eliminar las etiquetas de víctimas y victimarios para poder cubrir la justicia restaurativa con otro chip. “Creo que estamos empezando a comprender que no hay un victimario que es un ser humano muy malo, un monstruo que nació para hacer daño, y tampoco hay una víctima que nació pura y buena. Eso no existe, existen seres humanos que tomaron decisiones equivocadas y cometieron delitos atroces”. Eso lo comprobó cuando viajó a El Caguán en los 90 a cubrir las negociaciones de paz y se encontró por primera vez con niñas y niños guerrilleros, la mayoría de origen pobre y con un contexto de violencia en sus hogares. 

Castrillón considera que también es importante contar las historias detrás de esos victimarios que están reconociendo sus responsabilidades y mostrando arrepentimiento por el daño que causaron. “Lo más cómodo para ellos sería quedarse en la cárcel, como han hecho muchos, sin reconocer nada y sin pedir perdón, pero creo que el que da el paso merece un reconocimiento; no le voy a dar una medalla pero lo cuento”.

Evitar el ‘unifuentismo’

Al revisar los cubrimientos de algunas audiencias de la JEP en los últimos años, los participantes identificaron un error común: exceso de fuentes institucionales. Para Castrillón, el periodismo colombiano tiene un problema de ‘unifuentismo’: “si entrevistamos en una nota a un ministro, un gobernador y un procurador, eso es unifuentismo porque solo es la visión institucional”. Para dimensionar la gravedad de este problema se remitió nuevamente a los errores en el cubrimiento del conflicto: “A las masacres y a las tomas guerrilleras no llegaba nadie y la voz que siempre se impuso fue la de los militares. Si no es por el trabajo de Jesús Abad Colorado no sabríamos todo lo que pasó en Bojayá”.

La JEP

La institución encargada de implementar la justicia restaurativa en Colombia es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el Acuerdo de Paz para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado antes de diciembre de 2016.

La JEP tiene cinco objetivos centrales que responden a la propuesta de justicia restaurativa. Por un lado, busca enmendar el daño causado, garantizar los derechos de las víctimas y aportar a la reconstrucción del tejido social. Pero también pretende aportar a la reintegración de quienes cometieron estos crímenes y promover el reproche moral de la sociedad hacia estos actos. Todo esto lo diferencia de los tribunales tradicionales, “que tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar.  A la JEP le toca ir más allá porque surge de un proceso de paz”, puntualiza Vargas. 

El alcance de la JEP

• ¿Quiénes ingresan a la JEP?: los excombatientes de las FARC que hayan suscrito el Acuerdo de Paz, los miembros de la fuerza pública y agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto, y los terceros civiles (políticos y empresarios) que se presenten voluntariamente. La JEP en principio no tiene competencia para investigar a paramilitares porque a ellos los cubre la Ley de Justicia y Paz; sin embargo sí recibe a los parapolíticos por su relación o connivencia con la fuerza pública. 

• Investiga los crímenes más graves: no aborda todos los casos, pues su misión es ahondar en las causas estructurales y no en el caso a caso. La JEP ha abierto 11 macrocasos que son los que investigará durante su periodo de funcionamiento; algunos de ellos son temáticos (como secuestro o ejecuciones extrajudiciales), otros son territoriales (como Urabá o Norte del Cauca) y otros se enfocan en un actor armado específico (como los crímenes de las FARC). Para elegir estos macrocasos se aplicaron unos criterios de selección y priorización: que se tratara de los crímenes más graves (graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario), que hubiera suficiente evidencia disponible, que existieran patrones de criminalidad y que los responsables estuvieran a la mano.

• Solo investiga y sanciona a los máximos responsables: sin embargo, resuelve la situación jurídica de todos los comparecientes. Los máximos responsables van a juicio y reciben sanciones. Para el resto existen vías no sancionatorias, como la amnistía o el indulto. 

• Impone sanciones de carácter restaurativo: alternativas a la cárcel (flexibilización punitiva), pero para ello se deben cumplir una serie de condiciones (régimen de condicionalidad): que haya aportes a la verdad plena, garantías de no repetición, compromiso con la reparación de las víctimas y con el proceso de reincorporación.

• Privilegia la construcción dialógica de la verdad: es decir, que la verdad se construye a partir de todas las versiones posibles presentadas de manera voluntaria tanto por los comparecientes (los responsables de los crímenes) como por las víctimas. 

• Tiempos: La JEP fue creada con una vigencia inicial de 15 años que podrían prorrogarse hasta 20, es decir, máximo hasta 2038. Sin embargo, solo tienen 10 años para investigar y presentar acusaciones, lo que según Suárez Aldana es “una carrera contra el tiempo”. 

Actores protagonistas en la JEP

• Víctimas acreditadas: individuales y colectivas.

• Comparecientes: así se les llama a los perpetradores o responsables del conflicto. Hay unos obligatorios (excombatientes de las Farc y miembros de la fuerza pública) y otros voluntarios (los terceros civiles, es decir, políticos y empresarios). Según el magistrado Camilo Suárez, la JEP hoy tiene cerca de 14.200 comparecientes y la hipótesis es que podría llegar hasta los 30 mil.

• Magistratura: la JEP está integrada por 38 magistrados y magistradas.

• Mediadores: son quienes realizan el acompañamiento psicosocial a las víctimas y comparecientes, especialmente durante la preparación para las audiencias. 

• Procuraduría: representan a víctimas no determinadas, verificando que se cumpla el debido proceso.

• Comunidad: personas de apoyo al compareciente y a las víctimas. Su presencia, según Juliette Vargas, facilita los procesos de justicia restaurativa: “Hay un teórico que habla de la vergüenza restaurativa. Esa vergüenza que sienten los comparecientes con su familia sirve para que realmente se arrepientan, reconozcan y se reintegren a la sociedad”.

• Territorios étnicos: La JEP acreditó a territorios enteros como víctimas, algo que nunca había ocurrido en Colombia. En 2019, acreditó como víctima al Katsa Su, gran territorio del pueblo Awá; al Eperara Euja, territorio-mundo del pueblo Eperara Siapidaara y al territorio colectivo titulado y ancestral del pueblo negro y afrocolombiano de Tumaco y Barbacoas, en Nariño.

Estructura

La JEP tiene cuatro grandes órganos: tres salas, un Tribunal para la Paz, una Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y una Secretaría Ejecutiva.

• Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad: Esta es la más conocida pues es la que se encarga de construir los macrocasos. Para eso se basa en los informes que recibe de la Fiscalía, de organizaciones de víctimas y derechos humanos, del Ministerio Público, así como del trabajo que realiza la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. También se encarga de practicar las audiencias de verdad y reconocimiento de responsabilidad. Su trabajo termina con resoluciones de conclusiones en las que “deben fijar cuáles fueron los hechos, quiénes son los máximos responsables y por qué lo son, qué aporte de verdad hicieron, si aceptaron responsabilidad o no y finalmente hacer unas propuestas de sanción”, explicó Suárez Aldana.

• Sala de amnistía o indulto: otorga amnistías e indultos a exintegrantes de las FARC que cometieron delitos políticos, como rebelión, sedición y porte de armas. 

• Sala de definición de situaciones jurídicas: es la encargada de definir la situación jurídica de los militares y terceros civiles que tuvieron una participación no determinante en el conflicto. Juliette Vargas explicó que por esta sala están buscando entrada algunas personas sobre las que la JEP no tiene competencia estrictamente, como parapolíticos, paramilitares y algunos militares condenados. Por ejemplo, esta sala está estudiando la posibilidad de aceptar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Para que eso ocurra, tendría que comprometerse profundamente con la verdad, pero debe ser una verdad “que vaya más allá de lo que ya contó y lo que se demostró en la jurisdicción ordinaria”. 

• Tribunal Especial para la Paz: después de que la Sala de Reconocimiento estudia el macrocaso, le envía la resolución de conclusiones a este tribunal, que se encarga de imponer las sanciones correspondientes. Tiene una sección de primera instancia para quienes reconocen la responsabilidad y otra para quienes no lo hacen. Los primeros tendrán unas sanciones de carácter restaurativo, mientras que en caso contrario siguen un proceso similar a la justicia penal ordinaria. Este tribunal también tiene una sección de revisión de sentencias (para quienes ya han cumplido penas en la justicia ordinaria) y una sección de apelaciones, que es el órgano de cierre de la JEP. Tres de los once macrocasos ya están en manos del Tribunal Espacial para la Paz, es decir, en fase de juicio: Caso 01 (secuestro), subcaso Catatumbo del caso 03 (falsos positivos), subcaso batallón La Popa del caso 03 (falsos positivos).

• Unidad de investigación y Acusación: es la Fiscalía de la JEP. Es el órgano rector en materia de policía judicial y colabora permanentemente en la documentación y juzgamiento de crímenes atroces que llevan a cabo las diferentes Salas y secciones del Tribunal para la Paz.

• Secretaría Ejecutiva: ejerce la gerencia de la entidad, su representación legal y, además, cumple funciones misionales. Por ejemplo, hacer pedagogía con comunidades víctimas o representación jurídica de las víctimas y comparecientes que no pueden costear sus propios abogados.

Sanciones y TOAR

La JEP impone tres tipos de sanciones:

• Sanciones propias: se les impondrán a los máximos responsables que reconozcan su responsabilidad y aporten a la verdad de manera exhaustiva. Son restricciones a la libertad entre 2 a 8 años. Además, vienen acompañadas de trabajos, obras y actividades con contenido reparador o restaurador (TOAR). Algunos ejemplos de TOAR que establece la Ley estatutaria de la JEP son: reconstruir infraestructuras afectadas por el conflicto, desminado humanitario o sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, las opciones están abiertas y ahí serán clave las propuestas de las víctimas. Según Juliette Vargas, los TOAR son un componente completamente nuevo, que no se había visto en procesos de paz anteriores en Colombia ni en otros países.

  ​Criterios que deben cumplir los TOAR:

  • Debe haber una participación de las víctimas en la definición de esos TOAR, incluso si los magistrados tienen la última palabra.
  • Deben tener cierta relación con los daños causados.
  • No pueden lesionar los derechos de las víctimas. “Si las comunidades no están preparadas para tener a los comparecientes en su territorio, no se puede ejecutar esa propuesta”, aclaró la abogada.
  • Deben contribuir a la reconstrucción de los lazos sociales. Eso sucede cuando comparecientes y comunidades empiezan a interactuar.
  • Deben ayudar a alcanzar la reintegración del compareciente.

• Sanciones alternativas: de 5 a 8 años de cárcel para los comparecientes que solo hasta el final del proceso decidieron reconocer su responsabilidad y aportar a la verdad. 

• Sanciones ordinarias: de 15 a 20 años de cárcel para los que se comprueben culpables y no aporten a la verdad.

Retos y tensiones

Las preguntas de los periodistas sobre cómo se llevarán a la práctica estas sanciones pusieron sobre la mesa algunos de los retos que enfrenta la JEP:

• Financiación: ¿de dónde saldrán los recursos para sacar adelante los TOAR? Por ejemplo, si una comunidad víctima propone la construcción de una escuela como medida reparadora, ¿quién financia la obra? Ahí radica uno de los principales retos: la JEP no tiene un fondo de víctimas y los recursos tienen que salir del Estado, por eso, según Vargas, lo ideal sería articular estas obras o actividades a otras políticas públicas que ya están financiadas, como los PDET, el PNIS o los planes de reparación colectiva.  Otra alternativa es conseguir recursos de cooperación internacional, algo que ya ocurrió con algunos pilotos de TOAR. ¿Y los bienes de las Farc? Según Vargas, hubo una entrega de todos los bienes de las FARC y esos recursos ya se están usando para la reparación administrativa a las víctimas por vía de la Ley 1448. 
• Contexto de inseguridad: muchas regiones del país donde deberán aplicarse los TOAR están viviendo un recrudecimiento del conflicto, lo que haría inviable su aplicación. “Me temo que eso tiene el riesgo de llevar a que la JEP termine imponiendo sanciones propias solo en ciudades”, planteó la investigadora.
• Lograr correspondencia de la medida reparadora con el daño causado: es un desafío porque hay diferentes niveles de daño: colectivo, individual, a los territorios. “Generalmente estos TOAR no van a poder responder de manera completa a todos esos daños, pero por ejemplo la búsqueda de personas desaparecidas va a tener correspondencia con el daño individual”. 
• Expectativas de las víctimas y las capacidades de la JEP: este sistema habla de poner a “las víctimas en el centro”, lo que genera altas expectativas las víctimas de que su caso individual sea resuelto, pero en la práctica la JEP no tiene la función ni la capacidad de esclarecer todos los casos. Además, en medio de tantos escenarios que coexisten con propósitos similares (la Ley de Víctimas, Justicia y Paz, la JEP, etc) , “muchas víctimas van con la expectativa de recibir una indemnización económica. Pero la JEP no va a dar indemnizaciones ni restitución de tierras”. De hecho, según Vargas, “la JEP no puede darles órdenes a otras instituciones y eso hace que le falten dientes”. 
• La participación de las víctimas: en Colombia hay más de 9 millones de víctimas y en la JEP hay aproximadamente 300.000 acreditadas. Como el universo es tan grande, la participación de las víctimas es colectiva y no todas pueden hablar en las audiencias, sino que tienen una especie de vocero. “Siempre hay un riesgo de que haya víctimas que no se sientan representadas o que sientan que hubieran querido hablar”, explica Vargas.
• Logística: hay que crear todo un andamiaje para que sea posible aplicar las sanciones propias.
• Tiempos: las audiencias de la JEP y la aplicación de los TOAR pueden ser una oportunidad para sanar, pero eso tiene unos tiempos que no son los tiempos de la justicia transicional, que en el caso de la JEP son 20 años.
• Tensiones entre la justicia restaurativa y la lógica de los procesos penales. Vargas lo explicó con un ejemplo: “los abogados defensores van con el chip adversarial y les aconsejan a los comparecientes que no digan nada, cuando la lógica de este proceso es ‘dígame todo’”. Sin embargo, aclaró que progresivamente esa lógica ha ido cambiando.

¿Cómo se está cubriendo la JEP?

El segundo día del taller, los y las participantes conformaron grupos para analizar cómo ha sido el cubrimiento mediático de algunas de las audiencias de la JEP. Los periodistas revisaron noticias sobre la audiencia de secuestro, la de ‘falsos positivos’ en Santander, una de las audiencias del comandante paramilitar Salvatore Mancuso y la del Batallón La Popa. La experta Gloria Castrillón les pidió analizar el uso de fuentes, los titulares y el contexto para identificar los aspectos por mejorar. Estas fueron algunas de las conclusiones:

• Hay poca presencia de la voz de las víctimas. La mayoría de los cubrimientos se centraron en los testimonios de los comparecientes.
• Poco contexto de qué es una audiencia, por qué es importante, qué pasa antes y qué sigue después en el proceso judicial.
• Las notas no muestran lo trascendental/histórico de estos eventos ni el componente emotivo de lo que ocurre ahí. 
• Los cubrimientos se suelen quedar en el registro: citar lo que dijeron los comparecientes en la audiencia. Lo que se dice ahí no se complementa ni se contrasta con otras fuentes o datos de contexto.
• Las noticias de televisión enfrentan el reto del tiempo: no hay espacio para mostrar el contexto del dolor de las víctimas y terminan limitándose a incluir una declaración de unos pocos segundos durante la audiencia.
• Algunos cubrimientos replican los sesgos del cubrimiento en la justicia ordinaria, por ejemplo, limitando el cubrimiento a una sola persona (generalmente el compareciente), lo que puede llevar al público a pensar que se trata de casos aislados y no de crímenes que fueron sistemáticos y generalizados. 
• La mayoría de notas de medios regionales tienen un enfoque centralista, no complementan el registro de las audiencias con un análisis local.
• Se usa un lenguaje legal poco entendible para lectores no informados del tema. En otros, se replican eufemismos propios del lenguaje de la guerra, como por ejemplo “dados de baja” para referirse a civiles asesinados y presentados como guerrilleros.

Las lecciones de las víctimas

La justicia restaurativa no solo ocurre en los tribunales, también la impulsan las comunidades, y esas son historias que podrían contarse mucho más. El último día del taller, los participantes conocieron dos de estas iniciativas directamente de sus impulsoras: Samara Guzmán, profesora de Caldono (Cauca), y Gladys Acevedo, madre de un soldado asesinado en el conflicto. Ellas son la muestra de que “las víctimas se organizan solas, no se sientan a esperar que llegue una institución, y eso también es justicia restaurativa”, aseguró Gloria Castrillón. Guzmán y Acevedo también compartieron sus recomendaciones para acercarse de forma digna a las víctimas del conflicto.

Juntos por Caldono

Desde Caldono, Cauca,  por medio de una videollamada, Samara Guzmán compartió con los periodistas la historia de cómo la comunidad impulsó su propio proceso de reconciliación con los desmovilizados de las FARC después de la firma del Acuerdo de Paz. Conformaron la Alianza Juntos por Caldono y, bajo el liderazgo del párroco del pueblo, recuperaron el Cerro Belén, que solía ser un lugar de encuentro y luego fue tomado por los grupos armados. 

Luego propiciaron una serie de encuentros entre la comunidad, los excombatientes, las víctimas y las autoridades indígenas para hablar de lo ocurrido. “Hicimos varios foros y encuentros, ayudamos a construir el PDET, escuchamos a las personas contar cómo se imaginaban a un Caldono sin guerra, había gente llena de esperanza. Escuchamos a los compañeros en los ETCR. No fue fácil llegar a acuerdos, para nosotros era muy complejo teniendo víctimas directas, gente del común y una comunidad indígena que había puesto sus muertos. Nos reunimos con los líderes y empezamos a escucharlos, a hablar desde el lenguaje de la comunidad”, contó la profesora y lideresa.

Aunque el conflicto en Caldono se ha recrudecido y continúa la disputa territorial entre distintos grupos armados, la población civil intenta mantener vivos los espacios que lograron recuperar: “Nos seguimos reuniendo, sigue la mesa de víctimas, el cabildo, la parroquia, las capacitaciones de derechos humanos, los encuentros con los firmantes de paz”.

Guzmán habló también sobre las prevenciones de su comunidad hacia el trabajo de los medios de comunicación: “La gente acá no se sentía muy identificada con lo que mostraban los medios. Los periodistas solo mostraban cuando mataban a alguien o había una bomba, no presentaban el dolor y cómo quedaban las familias. No mostraban la realidad de Caldono, solo el momento amarillista y eso no nos dejaba surgir”. 

Eso empezó a cambiar a inicios de 2022, cuando Gloria Castrillón visitó el municipio para realizar un reportaje sobre el proceso de reconciliación. ¿Qué prácticas fueron distintas y respetuosas con la comunidad?, preguntó un participante, a lo que la lideresa respondió: “hablar mucho con nosotros antes de llegar y hablarnos del propósito del viaje, conocer el contexto, conocer sobre el proceso de paz, manejar el lenguaje de la comunidad, contarnos quién era ella y así pudimos revisar su trabajo y consultar con la comunidad si estaba de acuerdo”.

La reconciliación de las madres

Gladys Acevedo perdió a su hijo, soldado profesional, en 2012 en medio de una emboscada. Seis años después decidió juntarse con otras madres que cargaban a cuestas historias similares y crear la Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes. Buscaban justicia y verdad, así que acudieron a la JEP, pero además han buscado encuentros directos con los desmovilizados de la guerrilla.

Esta experiencia la llevó a cambiar la manera de ver el conflicto: “Veíamos a los medios hablar de los guerrilleros como monstruos. Cuando llegamos a los ETCR empezamos a escuchar las historias más terribles: niñas que podrían ser nuestras hijas y que se fueron a las Farc porque las querían violar en sus familias. Les di un abrazo que había dejado en stand by con mi hijo”. 

Para ella, el Acuerdo de Paz ha sido la oportunidad de contarle su testimonio al país y de acompañar su dolor con otras madres. “Tenemos una mesa de reconciliación con madres, esposas y firmantes de la paz. Esto es un paso gigante porque antes del proceso de paz no se podía hablar de esto, solo nos habían enseñado a odiar. Abrazar a las firmantes y a las mamás de los falsos positivos fue bonito porque nosotras solo sabemos dar amor”.

Gladys, que decidió estudiar Derecho para investigar la verdad, les aconsejó a los periodistas contar historias como la de su hijo y cambiar el imaginario de que los soldados “sabían a qué iban”, ya que la mayoría se enlistaba en el Ejército porque no había otra alternativa laboral o incluso terminaban ahí en medio de batidas ilegales. “Las historias de nuestros hijos están ocultas, ningún periodista se ha interesado en investigarlas. Si lo hicieran saldrían historias que impactan a la sociedad y podrían transformar”.

Sobre Gloria Castrillón 

Directora de Colombia +20, un proyecto periodístico y pedagógico para el posconflicto de El Espectador. Es cofundadora de la asociación Consejo de Redacción. Así mismo, ha sido coautora de los manuales Pistas para narrar la paz, Pistas para narrar la memoria, y  editora de los libros 12 historias que nos deja la guerra y Las coordenadas del posconflicto.

Sobre el taller 

Este encuentro organizado por la Fundación Gabo con el apoyo del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) reunió a 20 periodistas el 27 y 28 de junio en Zipaquirá, bajo la conducción de Gloria Castrillón Pulido, periodista especializada en temas de política conflicto armado y derechos humanos. 

Esta actividad es la última de un ciclo de cuatro talleres que tienen como objetivo desarrollar espacios de formación y diálogo entre periodistas, además de brindar herramientas que les faciliten la comprensión de la justicia restaurativa en el Sistema Integral para La Paz en Colombia.