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Eduardo Antonio Rocha es un campesino dedicado a cultivar aguacates durante toda su vida en la conflictiva región de Montes de María, en la Costa Caribe colombiana. En el año 2003 llegaron a su casa los paramilitares una noche, y mientras su esposa y sus dos hijos dormían, se lo llevaron acusado de ser colaborador de la guerrilla. Dijeron que tenían orden de captura de la Fiscalía. Duró 26 días detenido y bajó más de 20 kilos de peso. En la prensa fue presentado como uno más de los “presuntos guerrilleros” detenidos durante una operación militar. Sus ahorros, dignidad y fuerza para trabajar se perdieron en medio del proceso judicial para demostrar su inocencia.
La de Eduardo es solo una de las 19 historias contenidas en el libro que la ONG Dejusticia acaba de publicar bajo el título “Que nos llamen inocentes: detenciones arbitrarias desde El Carmen de Bolívar”, el cual recopila testimonios de familias enteras que padecieron la estigmatización producto de la política de Seguridad Democrática entre los años 1999 y 2005.
El maestro Javier Darío Restrepo, director del Consultorio Ético de la FNPI, fue uno de los invitados al evento de lanzamiento del libro, pues la labor de la prensa colombiana durante estos casos es fuertemente cuestionada en la publicación.
“Este caso demuestra que los periodistas tenemos la obligación de dudar al recibir un boletín de prensa emitido por militares. No lo podemos publicar tal cual nos llega”, dijo Restrepo añadiendo que los periodistas “debemos dudar siempre, en especial de quienes están en el poder. Porque quien está en el poder tiene muchos motivos para mentir, y muy pocas razones para decir la verdad”.
Además de los 19 ejercicios de memoria histórica, el libro contiene también un capítulo titulado 'Dónde están los detalles', en el cual se reflexiona sobre la responsabilidad de la prensa y los expedientes perdidos en estas detenciones arbitrarias en el municipio de Carmen de Bolívar.
Tras analizar 187 noticias sobre capturas de presuntos guerrilleros publicadas entre los años 2000 y 2004 por los diarios regionales El Heraldo, El Meridiano de Córdoba y El Universal de Cartagena, los autores del libro concluyeron que en su mayoría se limitaron a difundir versiones oficiales que daban por cierto que los capturados eran guerrilleros, milicianos o colaboradores de la subversión.
Estas publicaciones, que estuvieron acompañadas de fotografías y de la publicación de sus nombres, tuvieron un grave impacto en las vidas de las víctimas de estas detenciones arbitrarias. Adicionalmente, nunca fueron rectificadas ni complementadas por artículos de prensa que cuestionaran la irregularidad de las capturas o pusieran en duda la culpabilidad de las víctimas.
“Los periodistas debemos reflexionar sobre el daño que hicieron al publicar con afán de conseguir titulares de primera página de estas historias. A la prensa se le olvidó que había personas cuyos derechos estaban siendo vulnerados con cada una de estas detenciones arbitrarias”, concluyó Javier Darío Restrepo en el evento de lanzamiento.