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El uso de nuevas tecnologías siempre plantea desafíos éticos para el periodismo. La masificación de teléfonos celulares y del internet móvil los convirtió en piezas importantes en las investigaciones judiciales, donde las interceptaciones telefónicas, de mensajerías de texto y de aplicaciones de internet -como Whatsapp- son utilizadas como pruebas por los jueces y como material informativo por los medios.
Uno de los ejemplos recientes de mayor impacto ocurrió en Brasil. La prensa de ese país ha dado a conocer algunos de los miles de mensajes enviados desde los celulares de los imputados en la “Operación Lava Jato”, y los fiscales que llevan esa investigación obtuvieron escuchas telefónicas que incluyen hasta conversaciones de los ex presidentes Luiz Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff, realizadas cuando ella aún estaba en el cargo.
En Chile, la divulgación de una grabación telefónica generó un terremoto político-mediático y abrió el debate sobre qué y cómo publicar ese tipo de información. Todo comenzó cuando la revista Qué Pasa subió a su página web una nota que reproducía conversaciones telefónicas captadas por la policía a uno de los implicados en el llamado “Caso Caval”. Caval es el nombre de la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet (Natalia Compagnon), la que desde febrero de 2015 es investigada por el Ministerio Público, luego de que la misma revista revelara un cuestionado negocio de especulación inmobiliaria.
En la publicación que desató la polémica, se citaba la llamada telefónica en la que uno de los imputados sugería que la Presidenta sabía del negocio, con afirmaciones del tipo “si yo hablo, la viejita tiene que renunciar” o “muchas veces la Natalia me decía que mil millones iban para Michelle Bachelet”. El escándalo se desató en minutos y poco rato después Qué Pasa cambió la nota, sacando las frases más polémicas y añadiendo el siguiente mensaje:
“El original de este artículo fue editado con posterioridad a su publicación online, la tarde del jueves 26 de mayo, eliminándose fragmentos donde se hacían acusaciones graves contra terceras personas. Aunque desde un principio se explicitó que esta es sólo la transcripción de las conversaciones telefónicas de un imputado en el caso Caval, registro que está en manos del fiscal de la causa, y que su veracidad no estaba en ningún caso acreditaba, la dirección de esta revista ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio. Pedimos disculpas a los involucrados y a nuestros lectores por la confusión causada”.
“Una canallada”
Al día siguiente, la versión en papel de la revista (que probablemente ya estaba en imprenta la noche anterior) incluía una versión resumida de la nota.
La Presidenta se querelló contra el director de la revista, el editor y dos periodistas por injurias graves con publicidad, acusando a los responsables de “una canallada”. Para todos ellos pidió 3 años de cárcel y una multa (ver querella). En esos días estaba en Chile el relator para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, quien dijo que la acción legal de la Presidenta tenía un “efecto inhibitorio” sobre los medios.
Paralelamente, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación (que instauró la organización de los propietarios de medios en Chile), un organismo de autorregulación, recibió dos denuncias y comenzó a revisar el caso. En septiembre pasado el consejo decidió sancionar a la revista por faltas a la ética, señalando que “es deber del medio de comunicación evaluar las declaraciones que obtenga de su trabajo periodístico tanto desde la perspectiva de la credibilidad de las fuentes así como del necesario contraste de los juicios y valoraciones con terceras personas” (ver fallo). Al día siguiente de ese pronunciamiento, Bachelet retiró su querella, la que había sido ampliamente cuestionada.
La polémica no terminó ahí. Un editorial del diario La Tercera –propiedad de Copesa*, consorcio periodístico al que también pertenece Qué Pasa– acusó que el fallo del consejo ponía en riesgo la libertad de información, estableciendo exigencias de verificación que hacen inviable el trabajo periodístico, pues con su criterio ya “no bastaría que (la información) fuera auténtica, sino que además el medio debería cerciorarse de que su contenido es efectivo”. La publicación del editorial gatilló la renuncia del presidente y la vicepresidenta del Consejo de Ética de los Medios, quienes criticaron la falta de respaldo de la Federación de Medios.
El caso, complejo por todas sus aristas e implicancias, abre la pregunta sobre cómo cubrir las interceptaciones telefónicas. Y es relevante, pues las comunicaciones privadas –por teléfono, email o mensajería de texto–, cuando son obtenidas por órdenes judiciales, pueden convertirse en pruebas clave para esclarecer delitos. Aunque pueden resultar intrusivas (eso es materia de otra columna), es indudable que hoy constituyen fuente importante para cubrir noticias policiales, judiciales, además de los juicios por corrupción política y/o económica que hoy sacuden a varios de nuestros países.
Interés público
El primer criterio a tomar en cuenta es el del interés público. Si vamos a dar a conocer información que en su origen es privada, su publicidad debe considerar un bien mayor. Como periodistas muchas veces accedemos a correos o transcripciones de diálogos que son irrelevantes para la opinión pública. En la confianza de comunicaciones que creen reservadas, las personas hablan sin filtro de cosas personales; y es responsabilidad de los periodistas no caer en la tentación de publicarlas cuando no tiene relación alguna con el tema que se investiga.
El fallo del Consejo de Ética considera que la conversación telefónica es información extrajudicial por no haber sido hecha ante un fiscal, por lo que se debe contrastar la información. Esta diferenciación ha generado debate. La experiencia periodística nos indica que tampoco es garantía de veracidad lo que se dice en una conversación que se realiza ante un juez o un fiscal. Y ello, porque es habitual que detrás de una declaración judicial haya una estrategia de defensa que no siempre se apega a la verdad.
En principio, los periodistas siempre debemos intentar contrastar la información, pero hay cierto tipo de declaraciones que, sin importar en qué contexto se digan, no son verificables y son noticiosas sólo por el hecho de quién las dice.
En esos casos, lo importante es la forma como se presenta y contextualiza la información. Es necesario explicarle al lector quién es la persona que habla, qué motivos e intereses tiene comprometidos en la investigación en cuestión o con las personas involucradas, por qué sus afirmaciones pueden o no ser veraces y cuáles son las consecuencias de sus dichos.
Hay otro elemento clave a tener en cuenta por los periodistas cuando difundimos interceptaciones telefónicas realizadas por orden judicial. Se necesita saber –e informar- por qué sus conversaciones están siendo grabadas, qué delitos se le imputan, si es posible que la persona sepa que la están escuchando (y en ese caso, que esté enviando un mensaje deliberado o manipulando) y cómo sus palabras afectan su situación procesal, la de algún involucrado al que está ligado o simplemente sus intereses. En definitiva, lo importante es entregar herramientas a los ciudadanos para que éstos puedan ponderar adecuadamente la información.
En el proceso de decidir qué publicar y cómo publicarlo podemos cometer errores, sobre todo cuando trabajamos contra el tiempo o tenemos la presión de la inmediatez de internet. Lo importante es corregir, explicar a nuestros lectores con claridad cuál fue el error, qué pasó y pedir disculpas si es necesario.
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*NOTA: CIPER, el centro de investigación periodística en que trabajo, es una organización independiente sin fines de lucro que ha recibido hasta ahora la mayor parte de su financiamiento por parte de Copesa.
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