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Un profundo debate ha tenido lugar durante las últimas semanas en Colombia. El motivo, la denuncia hecha por la periodista Patricia Nieto en su texto titulado El silencio de Bojayá.
En el reportaje publicado por el portal Verdad Abierta, la directora del proyecto Hacemos Memoria relata cómo la labor periodística realizada por ella y la fotógrafa Natalia Botero fue obstruida por los líderes sociales del municipio de Bojayá, cuando viajaron recientemente a cubrir la exhumación de cadáveres que dejó la masacre producida en ese lugar hace 15 años.
Aquel 2 de mayo de 2002, un artefacto explosivo lanzado por integrantes del Frente 58 de la guerrilla de las FARC acabó con la vida de entre 79 y 85 personas que se refugiaban al interior de la única iglesia del municipio.
Para justificar los impedimentos a la prensa, los líderes sociales les entregaron a las periodistas un protocolo para el manejo de las comunicaciones, el cual explicaba cuál debía ser el procedimiento correcto para poder acceder a entrevistas y tomar fotografías de los habitantes del lugar que fue especialmente golpeado por la violencia en la década pasada. Adicionalmente, Nieto describe cómo el bloqueo a los reporteros fue respaldado por funcionarios de la ONU.
“Es importante destacar que nadie está obligado a responderle a un periodista y cualquier decisión de las personas en ese sentido es respetable; también es válido recordar que el mejor periodismo no es el audaz, que rompe barreras, sino el que se hace con inteligencia y con respeto a las personas”, opinó el maestro Javier Darío Restrepo, director del Consultorio Ético de la FNPI en entrevista sobre el tema concedida al diario El Espectador.
A su turno, Leyner Palacios, miembro del Comité de Víctimas de Bojayá, explicó en entrevista publicada por Verdad Abierta que en los actos conmemorativos de la masacre que se realizaron en años anteriores, la presencia de periodistas y miembros de otras instituciones terminó relegando a las víctimas, quitándoles el papel que merecían, generando así indiferencia en ellas hacia cualquier evento de restitución de derechos.
En lugar de condenar el accionar de los líderes sociales de Bojayá, los editores de Verdad Abierta le abrieron las puertas al debate alrededor de la pregunta ¿estamos los medios colombianos preparados para cubrir la paz?. Un debate que ya había vislumbrado la columnista María Jimena Duzán, cuando en una de sus columnas del año pasado afirmó que para las víctimas de la violencia “los medios son un enemigo tan temido como las Farc o los paramilitares... algo debíamos estar haciendo muy mal para que una comunidad como la de Bojayá hubiera prohibido la entrada de periodistas el día de la ceremonia de reconciliación por considerarnos un agente perturbador”.
¿Está el derecho a la privacidad de las víctimas de la violencia por encima del derecho a la información? ¿A quién beneficia el veto impuesto a la prensa por los líderes sociales que velan por los derechos de las víctimas? ¿Está bien que los defensores de Derechos Humanos obstaculicen el acceso a la información, que es uno de los derechos por excelencia en las democracias? ¿Es adecuado que las historias de las víctimas de la violencia se narren desde una perspectiva tan controlada? ¿Qué hacer cuando funcionarios de la ONU respaldan a quienes impiden el libre ejercicio de la prensa? ¿Qué debe hacer la prensa colombiana para recuperar su credibilidad de cara a quienes han padecido la violencia?
Para responder a estas y otras preguntas, nos unimos al debate planteado por Verdad Abierta en nuestra cuenta @Etica y usando la etiqueta #ÉticaEnRed. Los mejores trinos producidos durante la hora del debate fueron recopilados en el siguiente Momento de Twitter.
Libertad de información vs. Derecho a la privacidad
La Red Ética Segura es posible gracias a la alianza entre la FNPI, Grupo Bancolombia y Grupo SURA, la cual propone un espacio de reflexión y debate acerca de los cambiantes desafíos éticos del oficio periodístico.