Soy relacionista de una entidad oficial, pero hasta hace 8 meses fui reportero de política y critiqué al gobierno regional por los ilícitos que cometió. ¿Aceptar el cargo oficial es traición a lo que fui como reportero político?

Respuesta: Para los lectores con buena memoria será difícil entender el cambio. Tanto por el hecho de pasar del periodismo independiente al periodismo gubernamental, como por el necesario cambio de tono. Y si de alguna manera se puede entender que se convalida lo que ayer se denunció, no sólo habrá extrañeza, se ocasionará escándalo. Serán necesarios, en esta nueva etapa, una muy evidente independencia de parte del periodista, coherencia en la condena de lo que ayer se denunció y una destacada voluntad de servicio a la población. Este bosquejo de la situación deja en evidencia unas claras implicaciones éticas subrayadas por los códigos y aplicables a las oficinas de prensa de las entidades oficiales: El periodismo se percibe como una actividad de servicio a la ciudadanía y no a los gobernantes y funcionarios. Por eso, cuando la profesión se ejerce desde los despachos públicos, recibe una legitimación si mantiene esa vocación de servicio prioritario a la ciudadanía. El periodista funcionario, por tanto, tiene como primera tarea hacer oir en el despacho oficial la palabra del público y someter al juicio del público cuando hace el funcionario para cumplir su compromiso de servicio a la ciudadanía. Cualquiera sea el lugar donde trabaje el periodista, su credencial frente al público siempre será su independencia, que debe aparecer clara y convincente. La demostración de esta actitud será más difícil y riesgosa desde el sector público que desde la empresa privada. No se trata de borrar desde el puesto oficial lo que se hizo desde el sector privado. Si las acusaciones publicadas antes, tenían sustento y fueron difundidas porque su conocimiento resultaba necesario para el público, el paso del periodista denunciante al sector oficial no lo obliga ni a rectificar ni a silenciar el hecho, sino a desarrollar la información. ¿Qué correctivos se aplicaron? ¿Qué investigaciones hay en marcha? ¿Qué quedó después de la denuncia? Hacerlo así es coherente y una buena muestra de honestidad profesional. Es inevitable, a pesar de todo, que los lectores sientan disminuida su confianza en el periodista que hace estos movimientos. Dificultad que, como todas, crea una oportunidad: la de demostrar que el buen periodismo se puede hacer desde cualquier lugar.

Referencia Bibliográfica

En las sociedades contemporáneas es el ciudadano, más allá de los medios de comunicación, el que debe constituirse en el eje fundamental de la libertad de expresión, asumiendo que existe una distancia crítica, entre ellos, los ciudadanos, frente a los medios de comunicación y los agentes políticos, en razón de la cada vez más evidente autonomización de la opinión pública. En lugar de pensar en forma reduccionista en la libertad de expresión del sector de los periodistas, lo que hay que visibilizar es cómo el derecho a la palabra debe incluir a todos los ciudadanos y en particular a aquellos sectores excluidos de la vida pública, coartados de la posibilidad real de participar en el campo de lo público y de la construcción tanto pragmática como simbólica de este espacio. Cuando en el mundo de hoy se enfrentan la libertad de prensa y la libertad de empresa vemos que en la lucha se impone la privatización de la información. Esto va en contravía del entendimiento de la información, como un bien público, es decir un bien colectivo al que se debe garantizar el libre acceso en la medida en que es demandado. Incluso la libertad de empresa periodística en ocasiones va contra la misma ciudadanía, como cuando los ciudadanos dicen: nos ocultan el 80% de la información por intereses económicos o políticos. En este sentido hoy debemos plantear la pregunta: ¿quién defiende al ciudadano, de los medios? Porque hoy los ciudadanos saben que hay un ocultamiento de la información debido a los intereses de los propios medios y a la influencia empresarial por la vía de la pauta publicitaria, y por eso se amplía la pregunta de quién puede luchar por la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información frente al ocultamiento de la información o frente a las grandes omisiones de los medios y los periodistas con sus mecanismos de selección de la información, en relación con otros discursos que aportan a la vida pública. Ana María Miralles. Libertad de expresión, nuevos retos, nuevas preguntas. En Voces para acallar el silencio. Compilación. UNESCO. San José de Costa Rica 2008. Pp. 63 y 64.