Las disposiciones legales sobre esta materia son ambíguas: cuando un gobierno dispone la obligatoriedad del título, puede estar protegiendo el derecho de la población a una información de calidad. Como se sabe, el progreso de las técnicas de comunicación ha determinado cambios por la cantidad de información a que tiene acceso la población; impuso la necesidad de una selección profesional de esa información, creó la urgencia de que la información sea procesada para proteger al usuario de su multiplicación innecesaria y de la manipulación a través de lo que le ofrecen, y propició la exigencia de una comunicación profesional en términos de calidad de su presentación y de eficiencia en su difusión a través de los medios. Junto con esa protección del derecho a la información, la disposición legal podría estar poniendo en las manos del gobernante un instrumento de control para el ejercicio del periodismo y de restricción para la libertad de informar. Por esa razón los gobiernos que son y que parecen democráticos dejan esa facultad de proveer profesionales idóneos a la sociedad, en manos de las agremiaciones o colegios de periodistas, de los propios medios de comunicación, o de esas dos instancias que actuarían bajo objetivos de autocontrol para servicio de la sociedad y para fortalecimiento de la credibilidad del gremio periodístico. Documentación. Entre los distintos modelos que han servido de pauta para establecer las relaciones entre periodismo y política, destaca el liberal. De acuerdo con este modelo que encuentra su origen en el liberalismo económico clásico, el estado no debe intervenir en el control de calidad de la información y la prensa debe vigilar y controlar los errores del poder político. El punto de partida de este modelo es el conflicto permanente de intereses entre gobierno y medios, por lo que el rol desempeñado por la prensa es el de adversario. Son muchos los factores que intervienen en el papel vigilante que deben adoptar los medios en las sociedades democráticas y apelan a la necesidad de luchar contra cualquier clase de presión que reciban. Esta concepción liberal tuvo gran aceptación en Estados Unidos, sobre todo con motivo del caso Watergate. Frente a ese modelo existe otro de cariz más conciliador en el que prensa y esfera política tratan de conciliar sus intereses comunes de transmitir su mensaje a las audiencias. En este tipo de relación se considera necesario que periodistas y políticos garanticen su entendimiento mutuo. No todos los autores se muestran de acuerdo con este modelo. Herstgaard considera que este modelo ha favorecido que los periodistas no cuestionen la labor de los políticos sino que simplemente se conformen con mostrarla. Con el fin de encontrar un modelo equilibrado frente al liberal y al conciliador en el año 1947 se creó en Estados Unidos la Comisión Hutchins. El modelo propuesto en esta ocasión se fundamentaba en la teoría de la responsabilidad social. Esta permitía que el Estado tuviera una mayor intervención para controlar la libertad y la responsabilidad de la prensa, al mismo tiempo que debía imponerse límites en la intervención para no coartar la libertad de los ciudadanos. Los principales objetivos de esta intervención eran entre otros: - Garantizar el apoyo a los medios de comunicación que más lo necesiten.
- Procurar que los medios expliquen de forma adecuada a los ciudadanos la complejidad política.
- Permitir que los distintos grupos sociales estén representados en las informaciones políticas.
- Los medios de comunicación deben ofrecer un retrato veraz y completo de la situación política. Ruth Rodríguez Martínez: la dependencia del poder político, en La ética informativa vista por los ciudadanos. El ciervo, Barcelona, 2010. P 126