Peticiones urgentes por una prensa libre de violencia en Colombia
11 de Junio de 2021

Peticiones urgentes por una prensa libre de violencia en Colombia

Comunicado de las organizaciones agrupadas en el Proyecto Antonio Nariño: Fundación Gabo, Consejo de Redacción CdR, la Fundación para la Libertad de Prensa Flip, la Asociación Colombiana de Medios de Información AMI y la Fundación Friedrich Ebert en Colombia Fescol.
Foto: Andrés Rodríguez. @andrexblexx
El periodo de protestas que atraviesa el país ha sido también el mes más violento contra la  prensa en las últimas décadas en Colombia, por lo cual las organizaciones agrupadas en el Proyecto Antonio Nariño (PAN) hacemos un llamado al Gobierno y a la sociedad de no tolerancia a los ataques contra periodistas de radio, prensa, televisión, revistas, medios  digitales nacionales, regionales y locales, ya sean tradicionales o alternativos. Según cifras que lleva la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, 236 periodistas de todo el país han  sido agredidos en cinco semanas de Paro Nacional.  
 
Para una democracia es signo de salud un ecosistema pluralista y diverso de medios y  periodista que de manera libre e independiente puedan cubrir eventos de interés público,  como los que están sucediendo en torno a las jornadas de protestas ciudadanas. En este la prensa cumple las funciones esenciales de registrar los hechos y difundir esa información. Otras funciones claves son las de dar voz a distintas partes, analizar e interpretar los acontecimientos y contrarrestar los flujos de desinformación organizada que circulan especialmente en redes sociales. Hacer todo esto implica una responsabilidad de cuidado, veracidad y transparencia de su parte, pero también requiere de un escenario institucional que garantice la actividad periodística y las libertades de expresión y opinión, sin riesgos de  coerción o estigmatización.  
 
Por ello vemos con mucha preocupación la escalada de violencia, el ambiente hostil y  agresiones generalizadas contra medios y periodistas como detenciones ilegales, agresiones físicas contra camarógrafos, fotógrafos y reporteros, destrucción de materiales de trabajo, robo de equipos, ataques a sedes periodísticas y viviendas que en su mayoría, lamentablemente, son atribuidas a la Fuerza Pública, pero también a civiles, según las  estadísticas de la FLIP (54,1% Fuerza Pública, 31,6% particular, 10,8% desconocido, 4%  funcionario público). 
 
Los aliados del Proyecto Antonio Nariño: Fundación Gabo, Consejo de Redacción CdR, la  Fundación para la Libertad de Prensa Flip, la Asociación Colombiana de Medios de Información  AMI y la Fundación Friedrich Ebert en Colombia Fescol: 
 
  • Respaldamos a la FLIP en su tarea de documentación y defensa de la libertad de  expresión en el país. 
  • Rechazamos la falta de garantías para el derecho de acceso a la información pública, la  libertad de expresión y la libertad de prensa. 
  • Hacemos un llamado al gobierno nacional, a los entes de control y a los alcaldes y  gobernadores del país para que entreguen información transparente, veraz y suficiente  sobre los hechos y denuncias ciudadanas, incluidas aquellas en contra de los miembros de la Fuerza Pública.  
  • Instamos a la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las  investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa y los manifestantes  para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables.  
  • Reclamamos que la ciudadanía tenga información suficiente, pertinente y completa  sobre las labores del Ministerio Público como garante de los derechos fundamentales y  de la vigencia del Estado de derecho. 
  • Hacemos un llamado a quienes ejercen su derecho legítimo a la defensa y a la  ciudadanía en general para que apoyen y respeten el trabajo de la prensa en el  cubrimiento del Paro Nacional. 
  • Pedimos al Gobierno Nacional como cabeza del Ministerio de Defensa garantizar la  transparencia y eficacia en las investigaciones penales por las agresiones a la prensa de  parte de la Fuerza Pública. 
  • Reiteramos la preocupación por los riesgos de libertad de expresión asociados a la  identificación y rotulación de noticias falsas por parte de la Policía y sus acciones de  vigilancia en línea. En los estados democráticos ninguna autoridad administrativa  debería determinar la veracidad de las noticias y la categorización de las opiniones  expresadas en línea.  

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