En septiembre de 2017, los cultivadores de ñame de los Montes de María salieron del anonimato. Todo comenzó cuando tres campesinos, Julio, Remberto y Rosa, grabaron un video en Youtube pidiendo ayuda para comercializar una “supercosecha” de ñame que se estaba perdiendo en sus 4.000 hectáreas.

Ante la ausencia de compradores y un cambio en el régimen de lluvias que favorecía a la cosecha, el precio del kilo bajó de $800 a $200. El caso se volvió viral y llegó a todos los noticieros del país, a los periódicos nacionales y a las emisoras. En Cartagena incluso hicieron un “ñametón” para ayudarlos.

El episodio volvió a evidenciar las raíces de muchos problemas del campo colombiano. Y, como rara vez pasa, conectó a los habitantes de las ciudades con los pequeños campesinos productores de nuestros alimentos, alrededor de 1.5 millones de familias colombianas que viven en profundas condiciones de inequidad.

Para resolver buena parte de los problemas rurales, el Estado colombiano cuenta hoy con un complejo cuerpo institucional y técnico que se creó en los años previos a la firma del Acuerdo Final de Paz. Pero el nuevo ciclo de gobierno trae consigo una nueva mirada y prevé ajustes para hacer más eficiente la articulación interinstitucional necesaria para la implementación eficaz de lo acordado. De su puesta en marcha y consolidación en este nuevo ciclo político depende el éxito de las reformas.  Con miras a seguir entendiendo los retos de Colombia en el sector rural, hemos construido un glosario que ayuda a navegar en un mapa de siglas y conceptos para muchos incomprensibles y, sobre todo, que se propone entender cómo estas herramientas pueden serles de utilidad a los campesinos colombianos, entre ellos, a los protagonistas del “ñametón”.

RRI

La Reforma Rural Integral (RRI) es la hoja de ruta pactada en el Acuerdo de Paz para transformar el campo colombiano, una propuesta con la que cambiar el agro de la mano con el Estado, los campesinos, los empresarios y la sociedad civil. En concreto, la Reforma Rural Integral plantea al menos cuatro objetivos: mejorar el acceso a la tierra, impulsar planes de desarrollo con enfoque territorial en las regiones más afectadas por el conflicto, poner en marcha planes nacionales de desarrollo rural integral y sacar adelante un sistema nacional que garantice progresivamente el Derecho Humano a la Alimentación.

Si don Julio quiere obtener un predio, por ejemplo, tiene que saber que existe un Fondo de Tierras que fue creado por la Reforma Rural Integral. También que dicha Reforma establece mecanismos para mejorar su productividad y acceso a mercados. En un escenario ideal, por ejemplo, don Julio sembrará productos como resultado de un acuerdo previo que identifique franjas de precios y volúmenes, acudiendo a un mecanismo de agricultura por contrato como los que permiten las compras de alimentos para programas públicos, como los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros. La RRI también prevé la construcción de vías terciarias necesarias para reducir los costos de trasladar el ñame a los mercados.

PMI, MFMP y PND

Con la firma del Acuerdo, el Gobierno nacional se comprometió con la elaboración de un documento: el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final que se conoce con las siglas de PMI. Este documento establece los objetivos, metas y prioridades e indicadores para la implementación de cada uno de los acuerdos que lo componen. También fija un cronograma y define las instituciones responsables. Además, y esto es importante para doña Rosa, el PMI establece prioridades sobre las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas durante la ejecución de los mismos.

Este documento es importante porque se precisa un marco general hasta 2031 en el que los diversos gobiernos nacionales y locales inscriban sus esfuerzos de reforma rural. Para ello, la RRI tiene su propio capítulo en el PMI.  Además, el PMI está vinculado a otra sigla, la de MFMP, que significa Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se establecieron costos para la implementación de lo acordado, y la fuente de los recursos necesarios.

Más conocida es la sigla PND, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. El actual, que va de 2018 a 2022, así como los dos siguientes, deben estar articulados a lo establecido en el PMI.

PDET

Estas es una de esas siglas neurálgicas cuando se habla del desarrollo de los territorios rurales más afectados por el conflicto en Colombia. Es muy probable que don Julio haya participado en la discusión del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de su región. Estos planes, como quedó acordado, se llevarán a cabo en 16 subregiones del país que fueron reconocidas como “zonas rojas”, de alta presencia del conflicto armado, como el Catatumbo, el Norte del Cauca, en donde existen niveles altos de pobreza, baja presencia institucional y usualmente presencia de cultivos de uso ilícito.

Estas 16 subregiones integran 170 municipios. El nuevo Gobierno ha ratificado su compromiso con esta focalización, integrando todo su esfuerzo en una ruta unificada de planeación. La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) tiene la responsabilidad de articular todas las acciones de implementación de los PDET, con la participación de las comunidades locales.

El plan se construye primero en un nivel submunicipal, es decir, en las veredas, luego en los municipios y después en la subregión, el Bajo Cauca, por poner un ejemplo. Al final, el PDET debe dejar en claro lo que quiere el territorio: decidir si se priorizará la conservación ambiental, por dónde es más estratégica la vía, qué colegios se necesitan o cuál es la apuesta productiva.

PATR

La ejecución de cada PDET tendrá como hoja de ruta los PATR o Planes de Acción para la Transformación Regional. Para formularlos, en zonas como el sur de Córdoba, Urabá y Chocó, por mencionar algunos casos, los funcionarios de la ART han gestionado asambleas para que los habitantes, quienes los representan, y otros actores —asociaciones, alcaldías, iglesia, autoridades étnicas, empresas—  se sienten a definir cómo van a desarrollar el territorio durante los próximos 10 años.

Para el caso de Montes de María, el PATR ya se firmó en Sincelejo, con los Gobernadores encargados de Sucre y Bolívar; los alcaldes de los 15 municipios de los Montes de María, los representantes de las comunidades negras e indígenas; y el director Agencia de Renovación del Territorio.

ANT, ART y ADR

Es probable que a don Julio lo estén visitando frecuentemente funcionarios con chaquetas que lleven algunas de esas siglas marcadas, siglas que revelan una nueva institucionalidad que reconoce a los campesinos como una solución y no como un problema, que buscan justamente visibilizar los aportes desde el campo y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.  

La primera es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que tiene la responsabilidad de administrar los baldíos y encargarse de la formalización de tierras. Debe velar, además, porque las tierras en el campo cumplan con una función social acorde con el desarrollo de la región.

La Agencia de la Renovación de Territorio (ART) tiene como prioridad la gestión de los procesos de transformación de los municipios más afectados por el conflicto. Es por esta razón que está encargada de articular a las instituciones y promover la participación en la implementación de los PATR.

Por último está la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), encargada de gestionar proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con las comunidades y con las asociaciones. Su función incluye impulsar los servicios de asistencia técnica, financiar proyectos campesinos asociativos, aportar infraestructura si es necesario -como obras de drenaje, por ejemplo- y ayudar con la comercialización de los productos, como el ñame de don Julio.

SNIA

En este nuevo campo, don Julio contará además con servicios de extensión rural que van más allá de la asistencia técnica tradicional, facilitando el diagnóstico y solución problemas en los niveles de la producción primaria, la poscosecha, y la comercialización, entre otros problemas que se presentaron con aquella sobre oferta de ñame.

Todo esto está contemplado en la Ley de Innovación, que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria o SNIA. El SNIA incorpora entre sus objetivos gestionar el conocimiento y los saberes locales, ancestrales y tradicionales de productores como don Julio o doña Rosa e incorporarlos en los procesos de investigación, desarrollo e innovación.

Esta concepción de la extensión rural el desarrollo de las capacidades humanas integrales que van desde cuestiones productivas a financieras, crediticias, informáticas, de mercadeo y de comercialización, pero también incluye aspectos fundamentales como la convivencia y el desarrollo rural pacífico.

ZRC

Desde 2011, los campesinos de Montes de María han estado ocupados de asamblea en asamblea. Han sido siete años de encuentros hasta que, en junio pasado, finalmente se aprobara una de las dos Zonas de Reserva Campesina de la región.

Las ZRC existen desde 1994, y fueron creadas con el propósito de mejorar el acceso a la tierra de manera formal, un problema que persiste: actualmente, cerca del 50% de los predios rurales en Colombia se explotan sin títulos de propiedad.

Las ZRC son áreas agroecológicas, en donde los campesinos comparten unas normas básicas de producción y convivencia. Son consideradas áreas de interés ambiental, donde los campesinos han fortalecido su identidad cultural, su relación con los recursos naturales y su organización social.  Las seis zonas de reserva campesinas establecidas en el país suman 831.000 hectáreas y las siete que están en procesos de aprobación, 1.253.000 hectáreas. Con las Zonas de Reserva, las asociaciones campesinas pueden ponerse de acuerdo sobre la formalización, el acceso a la tierra y la recuperación de baldíos. Los proyectos finales son concertados con el Ministerio de Agricultura.

En zonas de reserva como la de Chaparral (Tolima), o la del Valle de Río Cimitarra (Magdalena Medio), se les ha dado prioridad a los campesinos o colonos de escasos recursos a la hora de formular proyectos productivos. La gestión pública de esos proyectos debe ser acordada con las comunidades que habitan en el territorio. Las ZRC también son concebidas como espacios de concertación sobre políticas sociales, ambientales y culturales. Según José Macareno, uno de los líderes de la ZRC de Montes de María, esta figura les ha permitido organizarse y comenzar a disminuir la informalidad alrededor de la tierra.

POSPR

De la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se desprenden también los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Lo primero que debe hacer la Agencia es la caracterización de la situación de la tierra en Colombia, identificar las necesidades y comenzar procesos de formalización. En el caso de los campesinos de Montes de María, por ejemplo, el primer paso sería revisar si cuentan con títulos. Todo esto partiendo del mandato constitucional sobre la función social y ecológica de la propiedad, que supone asegurarse que la propiedad cumpla con la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho. La idea es que, progresivamente, el Estado promueva el acceso a la propiedad de la tierra y con los POSPR establezca metas con las familias campesinas.

Planificar el uso del suelo rural significa, además de garantizar el uso óptimo del mismo, establecer una ruta con los habitantes, los entes territoriales municipales y departamentales. Con estos planes, las comunidades campesinas podrán saber con precisión cuáles son los predios que se van a intervenir. Al final, las comunidades contarán con un panorama mucho más claro sobre el futuro de sus tierras.

Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras es para muchos la columna vertebral de la Reforma Rural Integral, pues representa una solución para problemas concretos como la acumulación de baldíos, la ausencia de tierra disponible para campesinos que tienen proyectos productivos o la ampliación descontrolada de la frontera agrícola (que debilita, a su vez, la protección de los recursos naturales).

El fondo debe nutrirse con baldíos de diferentes fuentes, entre los cuales estarían los que en el pasado fueron obtenidos de forma ilegal, con predios inexplotados económicamente o terrenos que tienen vocación agrícola y no están siendo utilizados. Al final, estas tierras llegarían a manos de campesinos que no la tienen. Para consolidar el fondo queda un largo camino por recorrer. A corte de febrero de 2018, el gobierno contaba con 200.000 de tres millones de hectáreas que se necesitan para distribuir la tierra entre campesinos. El Fondo depende, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

RESO

El Registro de Sujetos de Ordenamiento es una herramienta clave para ordenar el territorio.

El objetivo principal del RESO es priorizar individualmente los casos de campesinos que necesitan formalización o acceso a la tierra. Para ingresar gratuitamente al registro, los beneficiarios deben tener un patrimonio inferior a los 100 salarios mínimos legales vigentes, es decir, menos de 80 millones de pesos. Un efecto que desde el sector agrario se espera del RESO es que a través de la información que vaya consolidando, ayude a resolver interrogantes alrededor de la demanda de tierras por parte de la población rural en Colombia.

ETCR

Esta sigla es importante para los campesinos que viven en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se desmovilizaron, los excombatientes de esta guerrilla fueron trasladados a 26 zonas veredales, hoy conocidas como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. En estos lugares fueron construidas casas provisionales para los exguerrilleros. Además, el gobierno ha venido implementando en estos espacios proyectos para facilitar la reincorporación de excombatienes a la vida social y productiva, como cultivos agrícolas, programas de piscicultura, granjas, entre otros. Está previsto que estos espacios lleguen hasta agosto de 2019. Su futuro, ligado a la reincorporación de los excombatientes a los territorios rurales donde se implantaron los ETCRs es uno de los retos de la estabilización de los territorios para 2019.

UAF

Las Unidades Agrícolas Familiares existen desde 1961. La UAF es una unidad de medida para las adjudicaciones de tierras, sean baldíos o baldíos reservados. La medida equivale a la cantidad de tierra que necesita un campesino para sobrevivir y tiene en cuenta la calidad agroecológica de los suelos y su proximidad a centros de acopio y carreteras. Así, para avanzar con sus proyectos, don Julio necesita saber que en Montes de María la UAF está entre las 36 a 49 hectáreas. Esta medida varía según regiones: en Vichada, el departamento más extenso, tan grande como Guatemala (tiene 10 millones de hectáreas) una UAF puede tener 1.275 hectáreas, mientras que en municipios como el Guamo o Calamar, en el centro de Bolívar, la UAF es de 35 hectáreas.  La diferencia radica no solo en la extensión, sino en la productividad del suelo.

Con las reformas de 2009 y 2013, el Estado delimitó las UAF por departamentos e incluyó estudios técnicos previos sobre las condiciones del terreno y los proyectos productivos que podrían ejecutarse en esas zonas.

POT y POMCAS

Todos los municipios en Colombia deben contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Las alcaldías necesitan este instrumento para definir la planeación del territorio a largo plazo. En el POT se decide qué hacer con el suelo, dónde construir, dónde hacer vías o qué territorios destinar para la conservación ambiental.

Aquellos municipios que tienen menos de 100.000 habitantes deben contar con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y aquellos que cuenten con menos de 30.000 habitantes necesitarán un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Aunque parecen siglas diferentes, todos comparten el mismo objetivo: definir una visión a futuro del municipio que sea producto de un consenso con la población y el Concejo, una articulación con las normas generales de la nación y unas normas claras para definir no solo el uso del suelo, sino las inversiones del sector público y el privado. De estos planes dependen decisiones como dónde ubicar un colegio o construir grandes centros comerciales.

Sin embargo,  en muchos casos los POT se han construido mirando sólo a lo urbano, sin tomar en cuenta los espacios rurales donde viven y producen las personas como Julio, Remberto o Rosa, y sin establecer una articulación entre lo rural y lo urbano.

Este vínculo entre lo rural y lo urbano significa atender la gestión del riesgo de desastres, el cambio climático, la protección de los recursos naturales, el ordenamiento social de la propiedad rural, y la gobernanza territorial. Para todo esto es clave la importancia del Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca, POMCA, norma de superior jerarquía y determinante ambiental para el ordenamiento territorial. Esto quiere decir que los POT deben estar sometidos a lo determinado en los POMCAS, en los que se planea el adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca hidrográfica, y su recurso hídrico.

--Este artículo fue producido como parte de la alianza entre la FNPI y la FAO para promover el debate sobre la transformación del campo colombiano.