La forma en que los medios han cubierto recientemente las noticias de la detención del ex-diputado Sigifredo López o el desenlace del caso Colmenares ha generado agudos debates alrededor de la filtración de pruebas judiciales por parte de los interesados en manipular de alguna forma a la opinión pública.
¿Si el contenido de una grabación en audio o video puede llegar a ser considerada “de interés público”, sería válido que un medio de comunicación pague para obtenerla?