Si un ministro que en su país es señalado como corrupto por su presunta participación en las operaciones de corrupción de Odebrecht, patrocina un evento periodístico, ¿cuál sería la implicación ética de participar en ese evento?

Respuesta de Mónica González

Los graves escándalos de corrupción que han sacudido a la opinión pública de nuestros países nos obligan a reforzar la alerta para mantener distancia del poder y así cuidar credibilidad e independencia. Una fórmula de blanqueo de imagen de quienes participan de esa trama corrupta es organizar eventos para agasajar a periodistas, como distinguir a mujeres periodistas el 8 de marzo o patrocinar premios. No aceptar premios, ni viajes de empresas que a través del soborno de funcionarios públicos han robado miles de millones del erario nacional es una decisión ética. Es el caso de Odebrecht, cuyos dueños confesaron haber pagado sobornos para obtener contratos sobredimensionados en 10 países de América Latina y dos de África. Respecto de los sobornados, y mientras dure la presunción de inocencia y no haya pruebas concluyentes de su culpabilidad, lo mejor sería mantener gran distancia y buscar otros patrocinios para premiar a periodistas.

Respuesta de Álex Grijelmo

Ser señalado como corrupto no es ser corrupto. Sin embargo, si el periodista o el periódico consideran que los hechos probados en la instrucción son lo suficientemente graves, están en su derecho de no participar en ese acto para salvaguardar su propia imagen; pero no en el derecho de omitir la información relativa a él que sea de interés público.

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Respuesta de Gumersindo Lafuente

Primero hay que valorar la certeza de ese señalamiento y obrar en consecuencia. En todo caso, sí es cierto que los eventos periodísticos patrocinados por gobiernos colocan a los periodistas en ocasiones en situaciones complicadas. Lo ideal es tratar a los responsables políticos con corrección pero con la distancia a la que nuestro oficio obliga, es decir, considerable.  

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Respuesta de Javier Darío Restrepo

En cuanto al primer problema implicado en esta pregunta, el del ministro “señalado” u “presuntamente” participante en hechos de corrupción, mal se haría en negarle la presunción de inocencia y, en cambio, sería ingenuo seguirles la corriente a las fuerzas políticas que suelen urdir esta clase de acusaciones en busca de dividendos políticos. Es un deber del periodista investigar los fundamentos de esta clase de acusaciones antes de darlos a conocer públicamente, de modo que no necesite hablar ni de “señalamientos” ni de hechos “presuntos”.

El segundo problema es el de las fuentes de financiación de estos eventos. A sus organizadores corresponde verificar si esa financiación limita de algún modo la independencia de los periodistas. ¿De alguna manera el evento mismo restringe o amaña su agenda en beneficio del patrocinador?

Estas preguntas, que se las deben hacer los organizadores, buscan mantener la independencia del evento. En cuanto a la investigación de las acusaciones, es tarea de los medios y no del evento periodístico.